El cruce de declaraciones continúa entre el responsable de Economía, Javier Bello, y la Federación vecinal a cuenta de las subvenciones no cobradas por parte de las asociaciones vecinales.
En el no abono de las ayudas municipales a las asociaciones de vecinos, ha tenido la respuesta de Bello que se muestra sorprendido, pues "no es comprensible que las asociaciones de vecinos exijan de manera inminente los 2.000 euros anuales que recibe cada asociación cuando saben a ciencia cierta que el Gobierno local les ha solicitado comprensión ante una situación de pandemia en la que hemos tenido que priorizar a la gente que peor lo está pasando”.
Esa "comprensión" que se pide desde el Ayuntamiento portuense y esa celeridad demandada desde la Flave, alienta aún más las diferencias mantenidas. Desde el Consisitorio se insiste en la necesidad de priorizar y seleccionar con responsabilidad los pagos que se deben hacer frente ante la complicada situación social y económica que sufre buena parte de la población provocada por la crisis sanitaria.
Esa "atención" prioritaria ante los más vulnerables sigue sin ser bien aceptadas por los que creen que más allá de la situación actual, debe primar los acuerdos firmados. Esas ayudas vendrían a paliar algunos de los gastos generados en los locales vecinales, los que siguen cerrados como medida de prevención. Aunque no hay una norma específica para las asociaciones de vecinos, y las órdenes que se han ido generando desde el Ministerio de Sanidad han ido fijando normas para actividades concretas.
Por tanto, la actividad del movimiento vecinal no se recoge en ningún precepto, y llegado el momento, las juntas directivas podrán reunirse, pero no se podrán retomar las actividades programadas. Además, las reuniones se tendrán que desarrollar garantizando la utilización de la mascarilla, la desinfección de los espacios utilizados, la limpieza de los baños unas seis veces al día, el uso de geles y la distancia social de 2 metros, requisito este último que, por la dimensión de muchos de los locales, es complicado de cumplir en estos momentos.
Desde Participación Ciudadana se ha trasladado que la responsabilidad recaerá sobre las juntas directivas para aquellas que decidan la apertura de sus sedes locales.
A la espera de que algunas sí lo decidan, la Flave se mantiene en sus trece en querer cobrar y que el equipo de Gobierno se deje de "excusas" al respecto. Lo cierto es que reprochan que se deje entrever que "el movimiento vecinal se mueva por dinero".
La Federación quiere dejar claro que "el movimiento vecinal en general, y la propia Flave en particular, no son insolidarios, y no se mueven por subvenciones, pero es cierto que se ha comprometido un dinero para el gasto de mantenimiento de locales y servicios mínimos y obligatorios como Internet, limpieza, luz y agua, y que se tiene que ingresar, porque las asociaciones de vecinos y la Federación necesitan poder hacer frente a dichos gastos".
