Para ayudarle con la instrucción del caso del Banco Popular, que se inició en 2017
El Consejo General del Poder Judicial ha autorizado poner un magistrado de apoyo durante seis meses al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado de la investigación del caso Pegasus, para ayudarle con la instrucción del caso del Banco Popular, que se inició en 2017.
Para esa labor de apoyo, "sin funciones jurisdiccionales y bajo la dirección del titular del juzgado", el CGPJ ha nombrado al magistrado Javier Ángel Fernández Gallardo, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Guadalajara, según el acuerdo de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces al que ha tenido acceso EFE.
Se dedicará "exclusivamente" a labores de "colaboración, asistencia o asesoramiento", en relación a las Diligencias Previas 42/2017, referidas a la causa del banco Popular, el primer gran caso del que Calama se hizo cargo al llegar al Juzgado Central de Instrucción número 4.
Calama llegó a la Audiencia Nacional al poco tiempo de que se pusiese en marcha el procedimiento sobre las presuntas irregularidades contables del caso del Banco Popular, y en los últimos tiempos han recaído en su juzgado varios casos mediáticos como el del supuesto espionaje con el software Pegasus.
Entre ellos está el de los envíos de sobres con artefactos incendiarios a la embajada de Ucrania o a miembros del Gobierno como el presidente, Pedro Sánchez, o la ministra de Defensa, Margarita Robles, y también el del supuesto hacker conocido como Alcasec, al que envió a prisión acusado del ciberataque al Punto Neutro Judicial del CGPJ, mediante el cual habría accedido a información bancaria de más de medio millón de contribuyentes.
Además, le ha correspondido ser juez de garantías de la rama del caso Mediador que asumió recientemente la Fiscalía Europea, posición desde la que este jueves acordó la libertad provisional del único investigado que permanecía en prisión, el general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa Nava, al no apreciar ya riesgo de fuga.
La incorporación del juez de apoyo a la Audiencia Nacional se producirá "una vez se haya procedido a una adecuada cobertura" de su juzgado de procedencia en Guadalajara, precisa el acuerdo.
Después, el Servicio de Inspección del CGPJ supervisará trimestralmente "la aplicación y el desarrollo" de la medida de refuerzo adoptada, y para ello la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional deberá informar al respecto a los tres meses de su puesta en funcionamiento y a su finalización.
Previamente a esto, la Comisión Permanente solicita a la Sala de Gobierno un informe complementario en relación con la medida de apoyo autorizada, en orden a motivar la designación del adscrito.
Del acuerdo se ha dado traslado entre otros al Ministerio de Justicia para que autorice "a efectos económicos la medida acordada, si sus disponibilidades presupuestarias lo permitieren".