A punto de desembarcar en el Gobierno, el PP ha rechazado recortes en esos ámbitos y, frente a quienes ya auguran ajustes, ha adelantado que sanidad, educación, pensiones y la atención a la dependencia son "intocables y sagradas" como motores básicos del Estado del Bienestar.
Pero algunas administraciones autonómicas han implementado ya importantes medidas de austeridad y han ajustado sus números para cumplir con los compromisos de déficit, aunque han apelado a las facturas del pasado para justificar esos ajustes.
Es el caso, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, cuya presidenta, Dolores de Cospedal, prepara un amplio paquete de medidas de ahorro del gasto que implica la entrada del sector privado en la gestión y construcción de hospitales, el fin de la gratuidad de los libros de texto para los escolares y una reducción de la aportación a la universidad.
También el Gobierno gallego habla de optimizar recursos para prestar servicios sociales, sanitarios y educativos con la misma calidad a pesar de contar con menos medios.
Pero esta "vuelta de tuerca" a las cuentas que ahora se anuncian para el conjunto del país ya la empezó a poner en práctica hace dos años la Comunidad de Madrid con los presupuestos de 2010.
El Gobierno de Esperanza Aguirre ha emprendido en los últimos meses nuevas medidas, como la obligatoriedad para los profesores de impartir 20 horas lectivas a la semana en lugar de 18 o la contención del gasto sanitario introduciendo la gestión privada en los centros sin eliminar el carácter público de la red.
Se trata, según argumentan, de reorganizar servicios para reducir costes, algo que ha considerado también el Gobierno catalán, que ha planteado una segunda oleada de ajustes que incluyen cerrar plantas hospitalarias, un aumento de tasas universitarias y del transporte público y una tasa "moderadora" sobre recetas farmacéuticas.
Cataluña es una de las seis comunidades que no han aprobado todavía los presupuestos para 2012 y que han incumplido las fechas que para este trámite fijan sus estatutos de autonomía en espera, en su mayoría, del nuevo Gobierno y de la posible convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Algunas de esas comunidades, la mayoría gobernadas por el PP, creen que es de "sentido común" esperar a que el Gobierno central apruebe unas directrices básicas, pero los socialistas consideran que es una maniobra para ocultar los recortes que se harán en el futuro en servicios públicos.
Las otras once comunidades ya saben con qué recursos gestionarán el año, que, en la mayoría de los casos, serán austeros e inferiores a los de este año y marcados por esta crisis.
En Baleares, por ejemplo, aunque las cuentas en sanidad se han incrementado en un 3,1 %, el Govern ya ha avisado de las elevadas deudas y los sindicatos han denunciado que se están llevando ya a cabo recortes que afectan a la actividad quirúrgica.
Mientras, en el País Vasco, el recorte que más polémica ha causado ha sido la reducción en un 7 por ciento de las cuantías de las ayudas sociales, y el que ha levantado también ampollas, en este caso en la Comunitat Valenciana, ha sido el expediente de regulación de empleo al Centro de Investigación Príncipe Felipe.
