Además, se pudo comprobar que no se entregaban los residuos peligrosos generados a ningún gestor de residuos, tales como aceites minerales usados, gases refrigerantes, componentes electrónicos, cables de cobre, motores de lavadoras, compresores de frigoríficos y equipos de frío, tuberías de cobre o placas electrónicas, según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado de prensa.
El propietario de esta actividad carecía de autorización como gestor de residuos peligrosos, no estaba dado de alta como productor de estos residuos, carecía de registro documental de la gestión de residuos y no realizaba gestión alguna de los residuos peligrosos que esta actividad genera, con el consiguiente daño para el medio ambiente.
Los hechos pueden ser constitutivos de una infracción grave a la vigente Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y a la Ley autonómica 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA), que incluye multas de entre 6.000 y 300.000 euros.
Desde el año 2005, por aplicación del Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, es obligatorio que todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se gestionen adecuadamente en una de las plantas autorizadas para su descontaminación y reciclaje.
