Como es sabido, la juez Mercedes Alaya indaga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso de dichos fondos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años la segunda de las instituciones habría librado 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis y otros aspectos con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
En rueda de prensa en la que han comparecido acompañados por la también diputada provincial Virginia Pérez, el regidor de Guadalcanal ha dado cuenta de la recepción de escritos procedentes de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, en los que se otorga al Consistorio un plazo de diez días para enviar documentación justificativa de estos eventos --III, IV y V encuentros regionales Andalucía-Extremadura--, por las ayudas que se concedieron durante tres años, cuando era primer edil el socialista Carmelo Montero.
Señala Martínez que cuando el Consistorio ha buscado la justificación ha encontrado algunas facturas, pero sin saber con cargo a qué partidas van éstas. En total, la Consejería de Empleo habría dotado a la administración municipal con más de 350.000 euros divididos en tres partidas diferentes de 72.121,45 euros, 128.202,42 euros y 150.253 euros.
Frente a estas ayudas, que se complementan con otras aportadas por administraciones como la Diputación de Sevilla, el regidor popular explica que los gastos en los que el Ayuntamiento de Guadalcanal estima están valoradas las acciones organizativas realizadas son de 62.400, 90.713 y 70.000 euros, respectivamente, cantidades mucho menores que los ingresos percibidos.
"Por lo que hemos podido averiguar, el dinero fue usado sin control ni justificante", ha señalado Martínez, que ha responsabilizado de estas gestiones a Montero, actual gerente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Norte de Sevilla. "El Ayuntamiento de Guadalcanal no va a devolver ni un solo céntimo de ese dinero, que lo hagan los que despilfarraron", ha agregado.
GUADALCANAL, EN EL "MAPA DE LA CORRUPCIÓN"
De su lado, Carmona ha lamentado que este municipio se haya situado en el "mapa de la corrupción", estando implicados, con sus firmas en la documentación de convenio, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ambos imputados en el caso de los ERE.
El portavoz del PP en la Diputación ha criticado que "durante años", cuando el PSOE gobernaba el municipio, la Junta se haya "olvidado" de reclamar la justificación, "y ahora quiere que se haga en un plazo no superior a diez días", lo que, a su juicio, "huele a corrupción y a montar apresuradamente un expediente inexistente".
"Dónde está todo el dinero que fue a parar al Ayuntamiento de Guadalcanal", se ha preguntado Carmona, que ha apelado al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, del que ha dicho que "tiene un problema" y que "debe dar la cara y no esconderse". Por último, ha señalado que, a propuesta del PP de Guadalcanal, se creará una comisión de investigación para aclarar los hechos, y que tanto el alcalde como el partido se reservan el derechos a iniciar acciones legales por unas actitudes "vergonzantes".
