La expresidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, ha negado haber pagado 300.000 euros en efectivo al exvicepresidente de la institución insular Miquel Nadal para adquirir la mitad de las acciones de la productora Video U, en contra de lo que postula la Fiscalía y de lo que han afirmado otros acusados, y en esta línea, ha recalcado que "nunca jamás se sacó dinero de UM para ello".      Así de contundente lo ha afirmado durante su intervención en la tercera sesión del juicio que se celebra desde este lunes en la Audiencia Provincial de Palma por un supuesto desvío de 240.000 euros a esta empresa, que presuntamente controlaban Munar y Nadal a través de testaferros. Según ha remarcado, "nunca nadie me ha hablado en absoluto" de la adquisición de las participaciones.      Segura en su declaración y apoyándose en la numerosa documentación con la que ha acudido en esta jornada, Munar ha aseverado, a preguntas del fiscal anticorrupción Juan Carrau, que "nunca en UM ha habido dinero negro" con el que podría haberse pagado los 300.000 euros a quien fuese su 'delfín' político para adquirir la productora, que según ha añadido era de "Miquel Oliver y del PSIB, y no de UM". "Oliver estaba muy bien relacionado con el PSIB", ha recalcado al respecto.      "Vídeo U no estableció ninguna relación con UM, lo sé yo y toda Mallorca, y cuando algo se hace se sabe y muchas veces se publica", ha puesto de manifiesto la exdirigente histórica de la extinta formación nacionalista, quien ha apuntado por tanto que "por supuesto nunca he pedido a Coloma Munar" -mujer de su presunto testaferro, Víctor García- "que su marido figurase en mi nombre al frente de Vídeo U".      De hecho, ha asegurado que "nunca nadie me ha hablado en absoluto del tema hasta que comenzaron los problemas cuando los demás acusados se pusieron de acuerdo en sus mentiras". Es más, ha apuntado que Nadal "obviamente me dijo nada de todo esto".      Tal y como ha manifestado en este sentido, los exresponsables de la productora "nunca han hablado conmigo, no han oído hablar de mí ni yo de ellos, no es normal que se iluminasen de pronto y empezaran a decir todas estas mentiras". A su juicio, la actuación de los inculpados que la han acusado de estar detrás de Vídeo U "responde a la presión de la Fiscalía, y mientras a mí me piden seis años de cárcel sin tener nada que ver, ellos buscan lograr atenuantes".      Unas presiones que, ha enfatizado, llevaron a Nadal a decir que ella le había entregado en su coche oficial un sobre con 300.000 euros para adquirir la productora, lo que ha atribuido asimismo "a las amenazas de que lo podrían llevar a prisión preventiva". "En ese momento debió de pensar: no me voy a quedar yo solo en este tema", ha incidido.      Tras las preguntas del fiscal, el presidente de la Sala, Eduardo Calderón, ha acordado un receso y cuando se reanude de nuevo la vista oral comenzará el turno de las defensas -la acusación particular en representación del Consell y la popular en nombre de Democracia y Justicia no han realizado ninguna pregunta-.      Entre quienes la han involucrado en los hechos también se encuentra Miquel Sard, presunto testaferro de Nadal, quien se declaró este martes como el 'hombre de paja' que medió en su nombre para adquirir el 25 por ciento de la productora Vídeo U, a raíz de las incompatibilidades que impedían al exalto cargo figurar como socio de la empresa. De hecho, ha afirmado que Nadal le entregó un sobre con 300.000 euros de su parte y de la de la entonces presidenta insular Maria Antònia Munar, quien a su vez pasó a controlar otro 25 por ciento a través de otro testaferro.      Así, recordó que Nadal le sugirió figurar como accionista, para lo cual, según relató, le entregó un sobre con 300.000 euros de parte de ambos para que los llevase a la notaría, donde se materializaría la compra de participaciones. Pese a desconocer el origen del dinero que le dio Nadal, Sard aseveró cómo a partir de entonces ya no hizo "absolutamente nada más, sólo fingir pagos anuales por la compra de las participaciones" mediante salidas aparentes de su patrimonio hasta alcanzar la cantidad total de 150.000 euros.