El Gobierno estima que aproximadamente 131.000 personas se beneficiarán de la prórroga del Plan Prepara aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 24 de agosto, lo que supone un 4,8% más de beneficiarios que los existentes hasta ahora.

   Así consta en la Memoria del Análisis del Impacto Normativo del decreto ley, a la que ha tenido acceso Europa Press. En concreto, el Ministerio de Empleo calcula que 131.000 personas se beneficiarán de esta ayuda a los parados de larga duración que han agotado todas las prestaciones, si bien reconoce que las "mejoras" introducidas "hacen imposible determinar con exactitud el impacto de la nueva prórroga, ya que elementos esenciales han cambiado y no se pueden extrapolar los datos".

   Una de las modificaciones principales es el incremento de 400 a 450 euros de la ayuda para parados que tengan a su cargo dos miembros de la unidad familiar, además de a su cónyuge o pareja de hecho. A este respecto, el documento calcula que el 26% de los beneficiarios se encontrarán en dicha situación, dado que ése es el porcentaje de familias con cuatro miembros o más según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
IMPACTO PRESUPUESTARIO

   Así las cosas, los aproximadamente 34.060 beneficiarios de los 450 euros supondrán un gasto mensual al Ministerio de 15,33 millones de euros; mientras que los restantes 96.940 beneficiarios del Prepara que cobrarán 400 euros supondrán 38,77 millones de euros. En total, 54,10 millones que, en medio año de vigencia de la prórroga, supondrán un desembolso de 324,62 millones para las arcas del Estado.

   Sin embargo, la Memoria no incluye cálculos concretos, argumentando que "el impacto presupuestario dependerá de la evolución de la actividad económica y, en particular, del mercado de trabajo, determinando no solo el número de demandantes de empleo totales, sino aquéllos que, estando parados, llevan más de doce de los últimos 18 meses en dicha situación".

   No obstante, el departamento que dirige Fátima Báñez cree que el impacto presupuestario de esta tercera prórroga del Prepara "no será superior" al de las ediciones anteriores, que contaron con partidas de entre 326,6 y 447,6 millones de euros.

CONVALIDACIÓN EN EL CONGRESO

    El decreto ley de prórroga del Plan Prepara llegará esta semana al Pleno del Congreso, donde la ministra de Empleo, Fátima Báñez, comparecerá el jueves para defender la convalidación del texto.

   Una vez superado el trámite parlamentario, se tendrán en cuenta los ingresos propios del beneficiario de la ayuda y sus descendientes, pero también la de los ascendientes con los que se conviva para calcular si se cumple el requisito de renta exigido, que no podrá superar mensualmente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (481 euros), excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

   Además, habrá que estar inscrito como demandante de empleo y acreditar que se han llevado a cabo acciones de búsqueda activa de empleo durante al menos un mes de los dos que se tiene para solicitar la inclusión en el programa. Entre dichas actividades contarán también, aquellos trabajos "por cuenta propia o ajena" de corta duración que la persona solicitante pueda realizar en ese plazo.

   Asimismo, además de haber agotado la prestación por desempleo y no tener derecho a ningún otro subsidio o haberlos agotado, habrá que "llevar inscrito como demandantes de empleo al menos doce de los últimos dieciocho meses" y "tener responsabilidades familiares".

   La norma incluye una previsión de retroactividad, por lo que los beneficiarios de esta ayuda la recibirán desde el pasado 16 de agosto, cuando venció la anterior edición. Además, los parados que estén cobrando actualmente la ayuda no se verán afectados por estos cambios.

   Aunque todos los partidos de la oposición exigieron al Gobierno la prórroga de este plan dado el alto nivel de paro, una vez fueron anunciadas las medidas concretas incluidas en el decreto ley formaciones como PSOE, IU o UPyD criticaron que se restringe el acceso a las ayudas y que deja fuera a los jóvenes, y reclamaron más inversión pública en políticas activas de empleo.