El Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid ha admitido a trámite la demanda impulsada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra el consejo de administración de Iberdrola por las supuestas irregularidades en la ampliación de capital para dar entrada a Qatar Holding.
En un decreto, al que ha tenido acceso hoy Efe, la secretaria judicial ha emplazado a los consejeros de la eléctrica a contestar en el plazo de 20 días hábiles a la demanda de responsabilidad social, que critica que el consejo decidiera en marzo de 2011 emitir nuevos títulos sin otorgar derecho a suscripción preferente a los accionistas.
Los 166 socios de la OCU que presentaron la demanda, asesorados por el despacho Unive Abogados, arremeten contra los consejeros de Iberdrola por haber actuado de forma negligente y haberles provocado un daño por doble vía.
Por un lado, la eliminación del derecho de suscripción preferente provocó la dilución automática del peso político de sus acciones mientras que, por otro, se les dañó al colocar el paquete accionarial a Qatar Holding a un 5 % por debajo del precio en el mercado, lo que implicaba una dilución del valor patrimonial de las acciones.
En marzo de 2011, el fondo soberano de Catar, Qatar Holding, llegó a un acuerdo para la adquisición del 6,16 % de Iberdrola, por 2.021 millones de euros, a través de la suscripción de una ampliación de capital y la compra de autocartera.
La ampliación de capital, por importe de 1.906 millones, se realizó a un precio de 5,633 euros por acción, mientras que Iberdrola vendió acciones de autocartera por 115 millones de euros.
A juicio de los pequeños accionistas de Iberdrola, la operación era un claro movimiento de los administradores para facilitar la entrada a un accionista afín, reduciendo la influencia relativa de ACS y aumentando así su control sobre las decisiones de la sociedad.
La demanda argumenta que los consejeros de la eléctrica antepusieron de este modo sus propios intereses a los de la sociedad y sacrificaron los derechos de los accionistas minoritarios de la compañía.
Por ello, los pequeños ahorradores creen que el consejo de administración de Iberdrola incumplió la exigencia de "interés social" que deben cumplir todas las ampliaciones de capital.
Un portavoz de Iberdrola declinó comentar la admisión a trámite de la demanda.
