El Gobierno ha garantizado este domingo el cumplimiento de la ley ante el acuerdo para la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat y ha apelado a que el próximo Ejecutivo central cuente con una amplia base parlamentaria que defienda los derechos de los españoles y haga frente al "desafío independentista".
El Ejecutivo hace estas consideraciones en un comunicado tras conocer la renuncia de Artur Mas a optar a la reelección como presidente de la Generalitat para facilitar un acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP con el fin de investir como president al hasta ahora alcalde de Girona, Carles Puigdemont.
Un acuerdo ante el que, a la espera de las negociaciones para la investidura del presidente tras las elecciones del pasado 20 de diciembre, traslada a las distintas fuerzas políticas "la necesidad de que el próximo Gobierno de España cuente con una amplia base parlamentaria".
Un amplio apoyo en las Cortes que considera que garantizaría "la estabilidad y la capacidad para defender con solvencia y eficacia el derecho de todos los españoles a decidir sobre su país y hacer frente al desafío independentista".
El Gobierno señala que ante el acuerdo de última hora alcanzado por esos dos grupos del Parlamento de Cataluña, quiere recordar que todo el mundo está sometido al imperio de la ley "y más aún -precisa- aquellos a quienes se les encomienda la representación de las instituciones".
"Las instituciones autonómicas catalanas encuentran su legitimidad en la Constitución Española, que es la que ha garantizado el mayor nivel de autogobierno de la historia de Cataluña recogido en su estatuto de autonomía", añade el Gobierno.
Añade además que "no hay mayoría parlamentaria que pueda amparar o justificar actos ilegales o la pretensión de romper la soberanía nacional expresada en la Constitución".
Por ello, garantiza que la ley se respetará y que todas las instituciones, como recalca que ha venido sucediendo hasta ahora, cumplirán con su deber en defensa de la soberanía nacional y de los derechos y libertades de todos los españoles, incluidos los que viven en Cataluña.
En ese sentido, recuerda que el pasado 2 de diciembre el Tribunal Constitucional ya acordó, por unanimidad, declarar nula por inconstitucional la Resolución I/XI del Parlamento de Cataluña.
"El Gobierno -subraya el comunicado- quiere hacer un nuevo llamamiento a la responsabilidad de los dirigentes de Cataluña para que pongan fin a la estrategia de división y fractura de la sociedad catalana y dediquen sus esfuerzos a buscar solución a los problemas de los ciudadanos en vez de generar nuevas tensiones".
