J.V.C., que fue condenado en 2012 a dos años de prisión por abusar de su sobrina, una menor que entonces tenía ocho años, y a libertad vigilada durante los seis años siguientes al cumplimiento de la pena de prisión, continúa viviendo frente al domicilio de su víctima, que ahora tiene 11 años, en la barriada del Torrejón en Huelva.

   En declaraciones a los periodistas la letrada de la familia, María Teresa Largo, ha explicado que este hombre "debería entrar en prisión, pese a que esta primera pena no lo obligaba a entrar en la cárcel porque en los últimos meses ha acumulado otras penas por quebrantamiento de la orden de alejamiento impuesta".


   En este sentido, ha detallado que "existe una sentencia firme que fue de conformidad por abusos sexuales a la menor; ha incumplido la orden de alejamiento en dos ocasiones y hay tres diligencias nuevas en fase de instrucción por nuevos quebrantamientos".

   Largo ha pedido su ingreso en prisión porque cuando dos juzgados de lo Penal dictan estas órdenes de quebrantamientos "ya sí tenía una condena firme, la de abusos", el problema radica, según explica, en que "el Penal tiene que ejecutarlo y no lo hace por colapso porque lleva retraso".

   De igual modo, ha detallado que la Audiencia no ejecuta la condena porque los quebrantamientos se producen después, ya que cuando dicta la sentencia este individuo carece de antecedentes.

   "Este hombre condenado a dos años por abusos sexuales, más los quebrantamientos, tiene delitos para cumplir penas de prisión, además no ha indemnizado a la víctima y no ha abonado las costas judiciales", ha asegurado la abogada, quien ha destacado que el problema "ha sido el retraso en el cumplimiento de la ejecutoria y debería entrar en prisión, entre otras cosas, porque sigue delinquiendo".

   Por último, ha remarcado que "el problema es muy sangrante y la madre de la menor ha acudido a todos los sitios para pedir ayuda, no lleva una familia normal y no tiene medios para salir de la vivienda porque teóricamente debería irse el agresor".