El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Palma del Condado ha admitido a trámite una querella contra el alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez (PP), y el concejal de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, José Carlos Curto, así como contra dos abogados que han llevado causas judiciales municipales por presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.
Según reza en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez la ha admitido a trámite y pide la incoación de diligencias previas.
La querella, interpuesta por el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Almonte, José Villa, se elevó al juzgado al considerar que el alcalde "ha contratado a dedo a dos abogados externos, que han estados vinculados al PP y PA, amigos suyos y de sus asesores directos".
Y todo ello, aseguran en el escrito, "en contra del plan de ajuste aprobado en pleno municipal y teniendo abogados en la plantilla municipal --uno funcionario y otro personal laboral fijo-- para realizar la tarea de los encargos realizados, permitiendo así una importante fuga de capital en las mermadas arcas municipales".
Del mismo modo, aseguran que los importes de sus servicios "han superado los 100.000 euros, para los que no había consignación presupuestaria, sin acreditar la necesidad de contratación, sin pasar por el pleno y con notas de reparo tanto del Interventor municipal como del Secretario".
De esta manera, la contención y reducción del gasto público --proclamado por la normativa estatal y aprobado por el plan de ajuste municipal-- "choca frontalmente con la contratación de abogados externos cuando entre los funcionarios y trabajadores municipales tienen un secretario general, dos abogados y numerosos asesores jurídicos y licenciados en derecho".
