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Miércoles 27/11/2024
 
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Huelva

Defensas piden la nulidad de las escuchas telefónicas en la trama de los carnés falsos

En la causa está acusado el exjefe de Tráfico en Huelva, Andrés Sánchez Buenaposada, para el que se solicita una pena de cárcel de cinco años y medio, por un delito continuado de falsificación en documentos oficiales y otro de prevaricación, a una multa de 6.000 euros

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Las defensas de los ocho acusados por su presunta participación en una trata de emisión de carnés de conducir falsos en la Jefatura de Tráfico de Huelva durante 2008 y 2009, han pedido hoy la nulidad de las intervenciones telefónicas autorizadas en la causa por carecer de validez.

En las cuestiones previas del juicio, que se celebra hasta el próximo viernes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, los abogados han coincidido en solicitar que se declaren nulos los autos judiciales de 11 de junio y 28 de noviembre de 2008 y los posteriores de prórrogas.

Cuestionan la validez como prueba de cargo de dichas escuchas al entender que las intervenciones "incurren en vicios que deberían de ser causas de nulidad" al basarse en indicios no contrastados y en meras conjeturas y en datos objetivos que no son indiciarios de ningún tipo de delito.

Asimismo, consideran que por extensión a esta petición, también procede acordar la nulidad del resto de pruebas de cargo derivadas de esas escuchas.

En la causa está acusado el exjefe de Tráfico en Huelva, Andrés Sánchez Buenaposada, para el que se solicita una pena de cárcel de cinco años y medio, por un delito continuado de falsificación en documentos oficiales y otro de prevaricación, a una multa de 6.000 euros, y la inhabilitación especial para funciones públicas en jefaturas provinciales de tráfico durante cinco años y medio.

Junto a él están imputado un agente de la Guardia Civil, cuya defensa ha pedido también la nulidad del procedimiento por prescripción de delito, al haber estado paralizada la causa desde enero de 2009 a octubre de 2013, y otras seis personas entre ellas examinadores y trabajadoras de la Jefatura para los que so solicitan penas de cárcel de hasta dos años de prisión por delito de tráfico de influencias.

La Fiscalía por su parte se niega a la nulidad de las intervenciones pues los autos para llevarlas a efecto "reunían todos los requisitos legales, constitucionales y jurisprudenciales pertinentes".

De lo actuado se desprende que Andrés Sánchez, valiéndose de su condición de Jefe de Tráfico, durante 2008 y 2009 "manipuló diversos expedientes sancionadores con el objetivo de realizar condonaciones de multa o de sanciones en general, o en otros casos, lograr una resolución irregular e improcedente de los mismos a fin de favorecer a las personas expedientadas".

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