La plataforma ‘Salvemos Doñana’, en la que se incluyen hasta 114 organizaciones, ha entregado unas 197.000 firmas en la Delegación del Gobierno en Andalucía para exigir al Ejecutivo central y a la Junta de Andalucía la paralización del proyecto gasístico ‘Marismas’ en el subsuelo del entorno de Doñana.

El subsuelo de Doñana “no es una infraestructura industrial para que una multinacional venga a hacer negocio a costa del bien público de Doñana”, ha declarado a los periodistas Juan Romero, portavoz de la plataforma, que ha estado arropado por dirigentes de partidos como Podemos, IU, EQUO o Iniciativa Andalucista en la entrega de las firmas.

Al margen del daño ecológico que supondría para el entorno y el Parque Nacional, la plataforma esgrime un informe del Instituto Tecnológico Geominero para sostener que la zona donde está previsto el almacén de gas es “inundable” y que los trabajos podrían provocar movimientos sísmicos.

Romero ha pedido al Gobierno que modifique la declaración de impacto ambiental y reclama a la Junta que cambie “de oficio” la autorización ambiental modificada para detener el proyecto.

“No nos vamos a cansar hasta parar este proyecto de Unión Fenosa y recomendamos que apuesten por la energías renovables y limpias”, ha exclamado el portavoz que, sobre la posición de la Junta, ha dicho que “no basta” con declaraciones en contra.

El dirigente de EQUO y diputado de Unidos Podemos en el Congreso, Juantxo López de Uralde, ha detallado que el Gobierno ha reconocido ya que los proyectos de gas en España y en concreto el de Doñana “están sobredimensionados, es decir que es innecesario”.

Además, ha recordado que los estudios de impacto se han dividido en cuatro subproyectos para “saltarse las normas”, por lo que ha exigido al Gobierno que “pare” un proyecto ecológicamente “desastroso” y “sin sentido” económico, un proyecto -ha precisado- “subvencionado por el Gobierno con 6 millones al año”.

La líder de Podemos, Teresa Rodríguez, ha denunciado que el proyecto no aporta “absolutamente nada, ninguna contrapartida” y que supone es convertir Doñana, la joya “más preciada”, en un almacén de gas para que “se lucren” los que cortan la luz y generan pobreza energética.

También ha vuelto a demandar a la Junta que cumpla su compromiso de emprender acciones legales contra el proyecto como “prometió” en julio.

Antonio Maíllo, coordinador andaluz de IU, ha instado a la Junta a que denuncie al Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal de Estrasburgo por permitir el proyecto de gas en Doñana, que almacenaría unos 800 millones de metros cúbicos, ha precisado.

“Es especulativo y demuestra que han funcionado las puertas giratorias. Cuando se autorizó en 2010, Felipe González era consejero de Gas Natural y presidente del Consejo de Participación de Doñana”, ha criticado.