El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha destapado por primera vez en España la contaminación proveniente de la industria de fabricación de cloros y lejías por el uso de mercurio, una práctica prohibida por el Parlamento Europeo en 2017.
La emisión de contaminantes objeto de investigación en la llamada operación Flixanco se habría producido entre los años 2005 y 2017 en una planta cloroalcalina y otros centros asociados que componían un complejo industrial en la provincia de Huelva.
El Seprona inició sus pesquisas en 2017 a raíz de una denuncia anónima "muy documentada", según este organismo, que aportó pruebas sobre presuntas irregularidades cometidas por dichos centros dedicados a la producción de cloros.
En 2016, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid decidió abrir diligencias, y hasta finales de 2018, en que finalizó la instrucción, fueron investigadas 21 personas y halladas sustancias contaminantes que superaban ampliamente los parámetros legales.
Los vertidos y emisiones del mercurio utilizado para la producción del cloro podían haber contaminado, según fuentes del Seprona, tanto a la atmósfera como al subsuelo y haber puesto en riesgo la salud de los trabajadores por su exposición a esta sustancia.
El cloro -que la empresa investigada fabricaba junto con lejías, sosas para jabones o detergentes- se obtiene mediante distintos procesos de electrolisis, y aquí "el sector español se encontraba algo obsoleto y utilizaba en algunos casos el peor de los procedimientos, el de las celdas de mercurio", explican las fuentes.
En estas celdas, el mercurio es sometido a temperaturas de hasta 80 grados centígrados, lo que provoca su volatilización, "una fase en que es altamente contaminante", señalan las fuentes, que aseguran que los trabajadores "estaban expuestos a esos vapores porque los sistemas de extracción de la empresa eran deficientes".
Además, supuestas fugas de este metal líquido y la deficiente gestión del residuo derivado del uso de otros contaminantes organoclorados habrían producido efectos medioambientales adversos, como la contaminación de suelos y aguas subterráneas.
La empresa contaba con dos líneas de producción, la de lejías, sosa cáustica, cloro o detergentes -que utilizaba mercurio para su fabricación- y otra que usaba clorometanos para fabricar cianuros, cloroformo o cloruro de metilo.
"Ambas partes de la producción son contaminantes, pero cada una de una manera distinta", subrayan las fuentes, que añaden que a estos delitos, que pueden suponer entre 2 y 7 años de prisión, se suma el de encubrimiento por parte de una consultoría que presuntamente manipuló los análisis cuantitativos de riesgo y que podría acarrear penas de seis meses a tres años de cárcel.
De hecho, subrayan, la administración andaluza "ya abrió un expediente en su día, pero esta consultoría dio por buena la actividad de la empresa y siguió funcionando".
Un estudio documental, unido a informes aportados por las distintas administraciones, puso de manifiesto discrepancias en los datos analizados, lo que obligó a hacer un nuevo muestreo de suelos y aguas en distintos puntos de las instalaciones, con la colaboración de técnicos de la Fiscalía de Medio Ambiente y del Instituto Nacional de Toxicología.
En este estudio se determinó la presencia de sustancias contaminantes relacionadas con la actividad de la empresa "que superaban ampliamente" los parámetros autorizados y en concentración suficiente para determinar la existencia de un riesgo significativo sobre el medio ambiente y las personas.
En el año 2006, Ecologistas en Acción denunció que el 90 por ciento del cloro-sosa que se producía en España se obtenía utilizando el método de las celdas de mercurio, pese a existir tecnologías más limpias y baratas.
En un informe, la ONG recogía la actividad de la empresa Aragonesas/Ercros de Huelva, que, según sus datos, emitía anualmente más de 85 kilogramos de mercurio a la atmósfera, junto con vertidos directos al agua de mercurio, plomo y otros contaminantes.
No obstante, a través de la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea, que aprueba las mejores técnicas disponibles para el sector cloro-alcalino, este sistema de producción ha sido reemplazado por otras tecnologías menos contaminantes.