La Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto un año y tres meses de cárcel al último empresario pendiente de ser juzgado por apropiarse de más de 650.000 euros que la empresa chipriota Emed Mining aportó para financiar el proyecto industrial de Minas de Riotinto, en Huelva, entre 2005 y 2007.
Por este caso ya fueron condenados en febrero de 2020 el exdirector de la compañía minera Carlos Estévez y otro de sus socios, Luis A.A.B., tras aceptar un acuerdo de conformidad que evitó la celebración del juicio en la Sección Primera.
En una nueva sentencia dictada el 24 de marzo, a la que ha tenido acceso Efe, el mismo tribunal impone la misma pena de quince meses de prisión y una multa de 1.200 euros por el delito de apropiación indebida a Luis A.F., que era socio del exdirector de Minas de Riotinto y, junto a Luis A.A.B., administrador mancomunado de Mantesur Andévalo (MSA).
El encausado, que en el momento del primer juicio estaba en rebeldía y huido de las autoridades, fue detenido el 22 de diciembre del año pasado y la vista oral contra él se celebró el mismo 24 de marzo.
Al aceptar la condena, la Sección Primera dictó sentencia firme de viva voz contra él en la misma sala.
La Fiscalía pidió inicialmente dos años por un delito societario o tres por apropiación indebida para los tres implicados, así como una indemnización de 665.718,91 euros para la compañía chipriota y su filial española, Emed Tartessus.
En virtud del acuerdo, al que también se adhirió Luis A.F., la fiscal retiró el delito societario y estimó las atenuantes de dilación indebida y confesión tardía, ya que todos los investigados reconocieron los hechos, mientras que Emed renunció a la indemnización.
En su día, la Fiscalía también se mostró favorable a suspender la ejecución de las condenas de prisión durante tres años, de modo que el empresario no será recluido por estos hechos siempre que no cometa ningún delito en ese tiempo y abone la multa.
En esta segunda sentencia, facilitada por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Audiencia considera probado que Emed y su filial adquirieron el 100% del Proyecto Riotinto en octubre de 2008 y explotaron las minas bajo la denominación de Atalaya Mining hasta que el Tribunal Supremo anuló la autorización ambiental en abril de 2019.
Estévez administraba Inmoinversión Eurogroup, que poseía el 99 % del capital social de Mantesur Andévalo, cuyo objeto era la explotación de las minas.
Al reconocer los hechos, los acusados confesaron que "acordaron apoderarse de parte de los fondos" con que Emed pensaba financiar su participación.
Los chipriotas estaban obligados a aportar a MSA 250.000 euros al mes que debían dedicarse "exclusivamente" al mantenimiento de la maquinaria y las instalaciones.
Sin embargo, los procesados desviaron 251.608,95 euros para "simular pagos y gastos" del proyecto que en realidad eran "gastos y deudas exclusivas" de Mantesur o de ellos mismos, sobre todo con bufetes a los que contrataron para impugnar acuerdos sociales y así acceder al gobierno de la empresa.
A esa cantidad se suman algo más de 400.000 euros en siete facturas de 2005 que el consejo de MSA inicialmente "se negó a abonar" porque "no respondían a servicios realizados" pero que los acusados pagaron con fondos de Emed cuando accedieron a la administración de Mantesur.
La Audiencia revocó la impugnación de los acuerdos sociales de MSA en dos sentencias del 27 de noviembre de 2007 y 8 de febrero de 2008 y los tres encausados cesaron en sus cargos en junio de 2008.
