La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos, que integra a grupos políticos y sindicatos, considera que si el servicio de basura y limpieza viaria sigue en manos de la empresa FCC el recibo de la basura se incrementará. La Plataforma ha mostrado su indignación ante el informe del gobierno local del PP sobre el coste que tendría la municipalización de la basura y limpieza viaria, un servicio que, según esgrimen, tendría un coste de 13 millones. “Este ejercicio de cinismo solo persigue esconder los 30 despidos mínimos que plantea la privatización y que cuando FCC consiga su objetivo (otro contrato blindado como el de Aqualia), se acometa un incremento del coste y por tanto de las tasas que pagaremos todos, como ha ocurrido con el resto de los servicios privatizados (Indra, Aqualia, etc.)”, explicó ayer el portavoz de la Plataforma y de JeC.
Según la Plataforma, el informe el PP muestra datos “de parte” como que el interés para financiar la maquinaria sea del 5% mientras que en la oferta de privatización sea la mitad.
También plantea 80 trabajadores más que el pliego de privatización y equipara la plantilla al convenio de personal laboral del Ayuntamiento, “todo con el objetivo de aumentar los costes de personal”, indican. Así mismo establece, respecto al porcentaje de gastos generales y beneficio industrial -que en el pliego es del 12%-, que habría que eliminar el beneficio industrial reduciendo un 4%, menos de lo que indica la ley, con lo que pasa a ser del 8% del coste de ejecución material. “En resumen -señaló Montejo- descontando los gastos que consideramos no computables a un servicio municipalizado, el coste de servicio municipal real sería de 3,3 millones de euros menos de lo estimado en este informe.
Manuel Montejo dijo que el equipo de gobierno “está actuando como tonto útil” con respecto a la empresa FCC y que el informe realizado es “de parte”, estando detrás un “agente” de la empresa, “por lo que no sorprenden sus instrumentos de cuantificación y sus valoraciones”. Por todo ello, Montejo cree que el equipo de gobierno debe de dejar de esconderse y plantear un debate público que concluya en una consulta popular “porque no podemos dejar que estas decisiones se sigan tomando desde ámbitos no democráticos, desde los consejos de administración de las grandes empresas, que es donde actualmente están”.
