El Pleno del Ayuntamiento sanroqueño nombró a Manuel Melero presidente de la comisión con el objetivo de esclarecer, de forma paralela al proceso judicial también iniciado, si hubo irregularidades en la gestión de la llamada caja B que utilizaba el Ayuntamiento para cobrar las multas y sanciones impuestas por la Policía Local desde el año 2000 hasta la actualidad.
En este sentido, hay que aclarar que buena parte de los ayuntamientos utilizan esta llamada caja B para cobrar sanciones y multas impuestas por la Policía Local en horario de cierre de ventanilla municipal, como puede darse casos en horas donde las dependencias municipales habilitadas para ello están cerradas como horario de tarde, noche o madrugada o días festivos; ya que el ciudadano sancionado tiene el derecho de abonar la sanción al instante.
No obstante, la supuesta irregularidad se basa en que esas cantidades económicas ingresadas en esa caja B no se pueden utilizar para ninguna gestión económica municipal sin que exista una justificación y autorización; una cuestión que se sospecha que se realizó debido a que fueron publicadas en prensa una fotocopias de documentos que podrían avalar esta irregularidad; una cuestión esta última que no ha sido probada del todo.
Investigado por el fiscal
Esta posible ilegalidad basada en estos indicios delictivos también está siendo investigado por la Fiscalía, aunque aún no se ha pronunciado si existen estos indicios delictivos o finalmente archiva la causa.
Tras más de un año de existencia de la comisión, el presidente Manuel Melero ha querido dejar claro que “no se está yendo todo lo rápido que se desearía, pero es por cuestiones ajenas a nosotros ya que por ejemplo el fiscal que está investigando la causa aún tampoco ha dicho nada”.
En este sentido, Melero señala que “la comisión está haciendo todo lo verdaderamente correcto que tenía que hacer, ha seguido todos los pasos a satisfacción de todos los grupos políticos; y es incierto que esté parada por presiones de algún grupo político, algo totalmente absurdo ya que se constituyó estando el PSOE en el equipo de gobierno y ahora sigue trabajando igual estando el Partido Popular en el gobierno municipal”.
También Melero ha querido dejar claro que “si se ha retrasado es porque alguien no ha querido que se investigue; curiosamente el diario comarcal que tenía los supuestos documentos se negó a entregarlos, lo que ha retrasado la investigación; y finalmente estos documentos fueron entregados por alguien en la última sesión de la comisión, la madrugada antes, y a través de la sede del PSOE; lo que no comprendemos es porque ha estado un año sin entregar estos documentos”.
Por otra parte, Melero indica que “la comisión ha hecho todo lo que tenía que hacer e incluso le ha facilitado toda la información que teníamos en nuestro poder de los últimos siete y ocho años al fiscal”.
También Melero quiere recalcar que “la comisión ha llamado a consultas hasta a 14 personas relacionadas con la supuesta caja B, entre ellas incluso el actual alcalde Fernando Palma”, y que “todos los grupos políticos del municipio han tenido libertad absoluta para llamar a personas a consultas y luego para realizar todo tipos de preguntas y requerimientos al entrevistado, como así ha ocurrido; no ha habido ningún veto por parte de la comisión”.
Para Manuel Melero “es posible que en los gobiernos municipales de los años 2000, tanto del PP como del PSOE, existieran esas irregularidades en la Delegación de Seguridad Ciudadana, pero lo que está claro es que en la actualidad ya no existen; esas posibles deficiencias se han corregido y todo se realiza correctamente”.
