La actividad del narcotráfico en la provincia de Cádiz no decae, sino todo lo contrario, se mantiene porque en todo caso, la crisis económica le proporciona mano de obra barata a las organizaciones mafiosas asentadas a ambos lados del Estrecho de Gibraltar. De hecho, este ‘mercado’ forma uno de los pilares de la economía sumergida que subyace en la provincia de Cádiz, desde Algeciras hasta Sanlúcar de Barrameda. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la población gaditana supuno un tres por ciento del total de la población de España, mientras que los procedimientos contra el narcotráfico incoados en esta provincia suponen casi un 15 por ciento del total en España. O más claro aún, el 46 por ciento del total del hachís intervenido en España se llevó a cabo dentro de las fronteras gaditanas. Un dato estremecedor que forma parte de la Memoria Anual de la Fiscalía Antidroga de 2011 presentada esta pasada semana en Cádiz. “Lamentablemente el negocio sucio marcha bien”, puede leerse en ese informe que pide a su vez un tercer fiscal antidroga para la provincia.
Este pasado miércoles, la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ángeles Ayuso, ha presentado el resumen de la Memoria Anual de la Fiscalía Antidroga de 2011 (la memoria íntegra se publicará en septiembre, tras la apertura del año judicial) acompañada por los delegados de la misma en Cádiz, Ana Villagómez y Emilio Miró Rodríguez, así como por la fiscal adscrita de Jerez de la Frontera, Marián González. .
La citada documentación, que se remitirá a la Fiscalía General del Estado, recoge tanto las actuaciones realizadas en la provincia contra el tráfico de drogas como un análisis de la situación en el que se incluye varias peticiones, al objeto de mejorar la lucha contra el narcotráfico.
Quizás lo que más destaque es que en la memoria se trata el narcotráfico como una parcela más de la economía sumergida, que es “un punto fuerte” de la economía de la provincia y la Ciudad Autónoma de Ceuta --que pertenece a esta demarcación judicial-- y comprende un “volumen extraordinario de tráfico de drogas”. Alude a la existencia de “auténticas sagas familiares” dedicadas a esta delincuencia y advierte de la aparición de grupos organizados “con un nivel de peligrosidad elevado” y que están incrementando la violencia.
Pero se enfrentan a un problema “difícil de erradicar" porque en Cádiz la tradición del contrabando del pasado se ha enlazado con el tráfico de drogas en “auténticas sagas familiares”que se han convertido en grupos organizados “con un nivel de peligrosidad elevado”.
Una actividad que, en la provincia con más paro de toda España, ocupa un "volumen extraordinario" de la economía sumergida del territorio y de la que "viven directa o indirectamente muchas personas"
Según el resumen de la memoria, las aprehensiones de hachís se han elevado a 158,9 toneladas y las de cocaína a 1.947 kilogramos. Aunque estas cifras suponen un ligero descenso respecto a 2010, cuando se incautó en la demarcación el 46 por ciento del total nacional, ello “no significa un descenso de la criminalidad”. De hecho, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) detuvieron en 2011 a 3.580 personas por delitos contra la salud pública.
Asimismo, refiere que el tráfico de cocaína dejó de ser una cuestión residual hace varios años y constata un aumento de la utilización de la vía aérea para la introducción de droga en la provincia. No en vano, las FCSE intervinieron una decena de aeronaves en la provincia en 2011.
Cuestionada la Fiscalía sobre si las fuerzas de seguridad están preparadas y cuentan con medios suficientes para luchar contra el narcotráfico aéreo en la provincia de Cádiz, la respuesta es positiva. Sí cuentan con medios y personal suficiente, aunque reconocen que los gastos se incrementan en esta parcela, como es el caso de los depósitos de las aeronaves incautadas, del que se hace cargo la Junta de Andalucía.
De todas formas, el puerto de Algeciras se mantiene constante como otro de los principales puntos de acceso de estupefacientes.
La confirmación de que la provincia ya es una de las rutas principales para la introducción de cocaína en España (el año pasado se incautaron 1.947 kilos de esta sustancia ilegal), tiene también como consecuencia que los grupos de narcotraficantes cada día sean más violentos y peligrosos, lo que contagia al resto de organizaciones. De hecho, cada año las fuerzas de seguridad dan fe del aumento de armas que portan estos grupos. Alguna de ellas automáticas.
La Fiscalía reconoce que los narcotraficantes, cuando eran sorprendidos con un alijo, la “tendencia siempre era huir, salir corriendo, escapar de la policía”, pero lo sucedido en Los Barrios hace dos semanas da constancia del cambio que se está produciendo. Hace poco era impensable que atacaran a un agente de las fuerzas de seguridad del Estado.
De todo esto se desprende el negocio del narcotráfico “marcha muy bien” y que no se ha producido la “ansiada disminución” de la actividad criminal. No obstante, destaca que, gracias a la “entrega y dedicación” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la prevención y represión del tráfico de drogas mantiene “un alto nivel de eficacia”.
SIVE para los ríos gaditanos
Y entre las demandas resalta el “desmantelamiento” por “actos vandálicos”, “imaginamos a manos de quién”, de las barreras que se instalaron en los ríos Barbate y Gadalcorte y Guadarranque para frenar la entrada de embarcaciones que pudiesen transportar droga. En el caso de Barbate la barrera está “inservible” desde el año 2009 y el Ayuntamiento de la localidad no dispone de medios para su reparación y mantenimiento.
Se trata de una situación “de gravedad”, puesto que las FCSE aseguran que dichas barreras son “muy efectivas”. Por ello, en tanto que las distintas administraciones llegan a un acuerdo para su reparación, la Fiscalía Antidroga propone como solución alternativa la implantación de un SIVE móvil como el que se adaptó en la desembocadura del río Guadalquivir, y que ha dado lugar a “una disminución notable de la entrada de droga por esa zona”, sobre todo en el municipio de Sanlúcar de Barrameda.
La pobreza lleva a más personas a adentrarse en el narcotráfico
La crisis económica que azota cada esquina del país, también aparece reflejada en esta memoria anual de la Fiscalía Antidroga de la provincia de Cádiz. Son muchas las personas que, ahogadas económicamente, se lanzan en busca de dinero “fácil” enrolándose en las zonas más bajas de las estructuras de los grupos de narcotraficantes que actúan a ambos lados del Estrecho de Gibraltar.
En su mayoría, estas personas, desesperadas en muchos casos, se dedican a pasar pequeñas cantidades de droga a través de las fronteras, especialmente en las de Algeciras y Tarifa. Llevan la droga o bien en el interior de su cuerpo o adheridas al mismo. También utilizan sus vehículos o el propio equipaje para tratar de cruzar las sustancias estupefacientes desde Marruecos hasta Europa, jugándose su libertan por apenas unos pocos euros. De esta situación, evidentemente, se benefician las organizaciones de narcotraficantes que no tienen más que esperar la carga al otro lado de la frontera, con escaso riesgo para sus intereses. Como mucho, pierden una pequeña cantidad de droga si los ‘muleros’ son apresados.
De hecho, aunque la cantidad de droga incautada no se incrementó el año pasado (se han intervenido casi 21 toneladas menos de hachís que en 2010), sí ha aumentado la criminalidad, a tenor del crecimiento de asuntos incoados en los juzgados gaditanos por narcotráfico, con 3.488, un 15 por ciento del nacional.
“Son cifras altísimas si se tiene en cuenta que la población de la demarcación no alcanza el tres por ciento de la española”, ha subrayado Ángeles Ayuso.
En este sentido, uno de los asuntos que más llama la atención es que el año pasado se incrementaron en hasta un veinte por ciento las detenciones en las aduanas de los puertos vecinos a Marruecos, como el de Algeciras o Tarifa, de personas que trataban de pasar hachís oculto en sus cuerpos, circunstancia que podría estar relacionada con la necesidad de obtener dinero en tiempos de crisis.“Son personas que no se dedican a ello, gente de pocos recursos y con necesidades que tratan de cobrar un dinero. Lo hacen por encargo de las redes y son la figura de más riesgo”, ha apuntado el fiscal especial Antidrogas de Algeciras, Emilio Miró.
La crisis económica también influye en los jóvenes de algunas poblaciones costeras que se adentran en este mundo transportando paquetes desde la playa.
Un tercer fiscal antidroga en el área de Jerez y Sanlúcar
La fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ángeles Ayuso, ha propuesto a la Fiscalía General del Estado que la fiscal antidroga adscrita de Jerez, Marián González, pase a ser delegada, tras resaltar la labor de esta última desde que en 2010 se hiciera cargo de la tercera fiscalía específica de la provincia para luchar contra el narcotráfico. Así lo anunció Ayuso durante la presentación del resumen de la Memoria Anual de la Fiscalía Antidroga de 2011 -el documento íntegro publicará en septiembre, tras la apertura del año judicial-, al considerar que este cambio le permitirá asumir más responsabilidades y decisión, redundando en una “mayor agilidad” que se considera “fundamental” en esta materia.
Esta es la segunda vez que se solicita a la Fiscalía General del Estado que, debido a sus problemas específicos, Cádiz pase a ser la única provincia española con tres fiscales delegados, si bien desde la Fiscalía Antidroga central les han avanzado que dicha petición va a ser apoyada en esta ocasión. De ser así, González vería reflejada la labor incansable que desarrolla para los 15 juzgados del partido judicial de Jerez, dado que en la práctica esta fiscal lleva ejerciendo la función de delegada desde que se incorporó, de ahí que Ayuso haya reivindicado que el nombramiento se haga efectivo y que el trabajo de Marián González se equipare a la categoría que se merece.
Los últimos golpes dados al narcotráfico bajo el control de su Fiscalía, son su mejor aval y así se lo han hecho llegar desde la sección de fiscales a la Fiscalía General del Estado.Mención especial merece la reciente operación ‘Tejanos’, que tuvo su origen en Jerez a raíz de la incautación de una determinada cantidad de droga en el aeropuerto tras ser detenida una persona a la que se le incautó cocaína oculta en unos pantalones vaqueros, lo que finalmente posibilitó la aprehensión varios kilogramos de cocaína, miles de pastillas de éxtasis, una gran cantidad de dinero en efectivo, vehículos y numerosa documentación para su estudio, llegando a la cifra de 17 el número final de imputados.
Todos ellos fueron detenidos en varias provincias españolas como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, en unos arrestos que se produjeron de forma simultánea en las provincias de Cádiz, La Coruña, Ciudad Real y la Comunidad de Madrid.
En lo que respecta a Jerez esta actuación ha marcado un antes y un después a la hora de tener en cuenta las estratagemas de los narcos para eludir los controles del aeropuerto de Barajas a través de aeródromos como el de Jerez, tras el alijo encontrado en La Parra.
los ‘golpes’ que la avalan
La operación Vuelo, desarrollada en febrero, también ha contado con una participación activa de la Fiscalía Antidroga. El modus operandi que caracterizaba a los narcos integrantes de esta red no tiene desperdicio. Se dedicaban a transportar cocaína de gran pureza por vía aérea desde Punta Cana, utilizando ‘mulas’ que trasladaban la cocaína en el interior de su organismo o entre la ropa. En total fueron 21 los detenidos, entre ellos la máxima responsable de la organización, adicta a las operaciones de cirugía estética, que era conocida como la ‘Reina de Ronda’, pues emulaba con sus acciones a la protagonista del libro de Pérez Reverte La Reina del Sur. Con estos antecedentes, la necesidad de crear juzgados de instrucción especializados en droga, como ya ocurriera con los juzgados específicos de violencia de género, resulta casi obligada.
Y es que, tal y como mantiene González, la carga de trabajo de los juzgados mixtos y de instrucción hace verdaderamente complicado compaginar el trabajo rutinario de los jueces (juicios de falta, etc.) con la urgencia que caracteriza a procesos de la Guardia Civil tan necesarios para avanzar en una investigación como son las escuchas telefónicas que el juez tiene que autorizar.
En este sentido, alude a la importancia de la “vocación” a la hora de desarrollar esta labor, así como a la necesidad de una reforma que aleje a los magistrados de los juicios de faltas y otros procesos secundarios en los que tienen que invertir su tiempo en detrimento del “negocio” de la droga.
