El portavoz del grupo municipal del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, anunció ayer que interpondrá una querella penal contra el alcalde, Fernando Palma, “por injurias y calumnias” por las declaraciones efectuadas por el Palma al diario El Mundo, en las que le acusa de “malversación de caudales públicos por el uso indebido de una tarjeta de combustible”.

Según el socialista, el alcalde “únicamente se dedica a difamar, a injuriar y a calumniar a los miembros de la oposición con la única intención de equiparar su ya deteriorada imagen de honestidad y honradez con la del resto de concejales, tratando de enturbiar la imagen de otros ediles con mentiras y falsas acusaciones”.

Ruiz Boix puntualizó que “existía una tarjeta de combustible en los servicios centrales del Ayuntamiento, que gestionaba” el entonces delegado de Hacienda y Recursos Humanos, y hoy portavoz socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, “con la que se pagaba diverso  combustible de servicios municipales”. Por ello, se ofrece a ofrecer hoy una rueda de prensa para que los medios de comunicación “me puedan realizar las cuestiones, preguntas o dudas que tengan sobre este asunto”.

Por otra parte, el socialista solicita “un espacio en la programación de la televisión municipal para mantener un debate sobre éste o cualquier otro asunto municipal con  Palma, para que los argumentos del PSOE se enfrenten a las mentiras, y medias verdades del Partido Popular”. En definitiva, “todo es una nueva cortina de humo del alcalde, para que los vecinos y vecinas de San Roque tengan una imagen de que todos los políticos son iguales, que es lo mismo un político de izquierda que de derecha, o que es lo mismo un dirigente del PP que del PSOE”.

Además, pregunta a Palma si “se repartió 40 millones de pesetas de una comisión urbanística en su anterior mandato como alcalde tal como se puede escuchar en unas grabaciones supuestamente realizadas en su despacho”;  por qué “no ofrece explicaciones sobre su supuesta participación en el intento de compra de un concejal socialista en esa etapa” y por qué “no explica su empecinada actitud contraria de forma reiterada a las decisiones judiciales respecto a la adjudicación ilegal de la parcela de Torreguadiaro, conocida como TG-022”.