La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha firmado este viernes con los alcaldes de 21 municipios malagueños el convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, instrumento puesto en marcha por su departamento que implica la apertura de oficinas de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en la Comunidad.
En palabras de la consejera, la provincia de Málaga se sitúa "a la vanguardia" en el número de ayuntamientos que se suman a este convenio, mostrándose segura de que "esta marea política y social va a conseguir su objetivo".
Con esta firma, los ayuntamientos de Alameda, Alfarnatejo, Almáchar, Árchez, Archidona, Ardales, Benamargosa, El Borge, El Burgo, Campillos, Cartajima, Casabermeja, Casares, Cuevas de San Marcos, Humilladero, Istán, Macharaviaya, Monda, Ojén, Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia se suman al acuerdo marco ya rubricado el pasado mes de septiembre por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
Cortés ha destacado en su intervención que "estos 21 alcaldes demuestran su compromiso claro con la defensa del derecho a la vivienda, un derecho que ya desde la ONU se advierte de que se está pisoteando sistemáticamente en España, donde demasiados andaluces han quedado atados de por vida a hipotecas que ya no pueden pagar, debido en gran medida a la pérdida de su empleo".
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Al ser preguntada por el hecho de que el Ayuntamiento de Málaga no haya aceptado firmar el convenio de adhesión, ha señalado que este programa "trata de sumar un bloque social y político", considerando que "estaría bien" que el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, como senador del PP y "con influencia, por tanto, en el Gobierno, pidiera la paralización de todos los desahucios y el cambio de la Ley Hipotecaria y de la de Enjuiciamiento Civil".
Por ello, ha instado al Consistorio de Málaga, así como al resto de municipios de la provincia, a que firmen este convenio de adhesión y "se establezca un espacio de colaboración y de cooperación entre los ayuntamientos y la Consejería de Fomento y Vivienda porque sí se puede parar esta lacra social".
Asimismo, Cortés ha precisado que, "aunque el Gobierno andaluz no puede cambiar la Ley Hipotecaria, del siglo XIX, ni la Ley de Enjuiciamiento Civil, o impedir que el Estado riegue de dinero público a las entidades financieras sin exigirles contrapartidas", sí está haciendo "un importante esfuerzo" en el ejercicio de sus competencias "para plantar cara a esta lacra social, poniéndose del lado de las víctimas".
Ha subrayado, además, que "en esta forma de entender la vivienda, como derecho y no como mercancía, es donde se inserta, en octubre de 2012, la apertura de las oficinas provinciales del Plan Andaluz en Defensa de la Vivienda".
En Málaga esta oficina abrió el 8 de octubre y hasta final de diciembre atendió a 222 personas. En el ámbito de la intermediación, se han tramitado 152 expedientes, de los que 59 han sido resueltos positivamente --en torno al 40 por ciento--. En la negociación con las entidades financieras se han alcanzado soluciones mediante la dación en pago, la refinanciación de la deuda, la renegociación de los años de carencia o el alquiler social.
En opinión de Cortés, el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda demuestra que "la política sirve para plantar cara a acciones absolutamente injustas e insolidarias". Para la consejera, "este plan es eminentemente participativo y requiere, además, de la colaboración de colectivos sociales, una pieza clave de esta lucha, por su capacidad de anticipación y por su apoyo constante a los afectados".
Junto a esta iniciativa, también ha detallado otros ejemplos de esa política de compromiso como es la paralización de los desahucios en el parque público de viviendas de la Junta en caso de endeudamiento sobrevenido por la pérdida del empleo.
Por otro lado, ha advertido de que de 2007 a 2011 hubo en Andalucía casi 70.000 desahucios, a los que se suman los 7.551 correspondientes al primer semestre de 2012. Precisamente, de esos lanzamientos de enero a junio del año pasado, 2.055 se localizaron en la provincia de Málaga, una cifra que supone un incremento del 14,1 por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
A su juicio, "esta subida es directamente atribuible a la subida del paro facilitada por la reforma laboral, asentada en el falso precepto de que, a mayor facilidad para despedir, mayor contratación habrá".
También ha insistido en que los activos inmobiliarios del 'banco malo' se traspasen a las comunidades autónomas, de manera que sean las administraciones públicas las que los gestionen, al tiempo que ha vuelto a animar a la ciudadanía a que apoye la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la modificación de las leyes Hipotecaria y de Enjuiciamiento Civil.
Durante el acto también ha intervenido el alcalde de Campillos, Jesús Galeote, quien, en nombre del resto de regidores firmantes por ser el primero que solicitó a la Junta sumarse a este programa, ha señalado la importancia del mismo por lo que implica de asesoramiento, intermediación y protección de los ciudadanos, sobre todo ante "los difíciles tiempos actuales".
Galeote ha hecho hincapié en que los ayuntamientos son "la administración más cercana al ciudadano", siendo, por tanto, los mejores conocedores de sus problemas. Así, ha confiado en que, unificando esfuerzos, se consiga acabar con esta "lacra".
El acuerdo, con una vigencia de cuatro años prorrogables, garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.
En virtud de este acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.
Se comprometen también, mediante sus Servicios Sociales, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que soliciten protección.
El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública.
Estos acuerdos contemplan la constitución de una comisión de seguimiento para dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo.
VPO EN LA TRINIDAD
Por otra parte, en su visita a Málaga, la consejera también ha asistido al inicio de las obras de una promoción de 14 Viviendas de Protección Oficial (VPO) y dos locales comerciales en el barrio de La Trinidad, cuya construcción promueve la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA).
La actuación, que dará empleo directo e inducido a 30 trabajadores, supondrá una inversión de 1,48 millones de euros. La empresa adjudicataria, Vías y Construcciones, tendrá 10 meses para ejecutarla, por lo que las viviendas podrían estar finalizadas en el último trimestre de este año.
Los pisos se comercializarán en régimen de venta e irán destinados a familias con ingresos medios, ya que las rentas anuales no podrán superar 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), lo que equivale a 26.000 euros netos.
La adjudicación de estas VPO se llevará a cabo a través del registro municipal de demandantes de vivienda protegida y se pondrán a la venta con un precio de 97.630 euros.
