El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Málaga, Eduardo Zorrilla, ha acusado este martes al equipo de gobierno del PP de "castigar" a las familias malagueñas con "una subida encubierta" del recibo del agua, que se une al incremento de los años anteriores y al aumento del IVA por parte del Gobierno central para este concepto del ocho al 10 por ciento.

   Según Zorrilla, las nuevas tarifas, que se empezaron a aplicar a partir del pasado 1 de noviembre, supondrán una subida en algunos casos de hasta un 20,6 por ciento, por lo que "es de esperar que más familias con escasos recursos puedan tener dificultades para afrontar el pago de la factura y se puedan producir más impagos y cortes de suministro".

   "Hemos recibido quejas de usuarios que están percibiendo esa subida y critican en algunos casos falta de información, a pesar de que la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) creó una Oficina de Atención Ciudadana", ha señalado en un comunicado Zorrilla.

   Para el portavoz de la coalición, "es absolutamente incoherente que en momentos de crisis el equipo de gobierno de Francisco de la Torre penalice a las familias malagueñas más humildes". Por este motivo, ha demandado que se asegure la cobertura de acceso al agua con un mínimo humano garantizado y una moratoria en los cortes por impago a personas en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria.

   Zorrilla propondrá medidas para garantizar el suministro de agua a familias con menos recursos y demandará al equipo de gobierno que aumente hasta 500.000 euros el Fondo Social de Emasa previsto para 2014, así como la creación de nuevas bonificaciones y la mejora de las existentes.

OFICINA DE EMASA

   Por otro lado, ha denunciado que Emasa haya optado por dar a una empresa privada la Oficina de Atención Ciudadana creada para informar sobre las nuevas tarifas, así como que "su gerente, José Luis Rodríguez, se haya negado a informar, en la contestación a una carta de IU, sobre el número de empleados que están atendiendo este servicio", alegando que "es imposible concretarlo".

   Según este escrito, el gerente estimaba que para 2013 el coste no superase los 100.000 euros, "aunque en la contestación no indica qué coste se prevé para 2014". El alquiler mensual del local de la Oficina de Atención Ciudadana es de 1.430 euros.

   Para el edil de Izquierda Unida, lo lógico es que este servicio lo hubiera prestado el personal de Emasa, que "cuenta con toda la información, la formación adecuada y con instalaciones propias, por lo que hubiera podido ahorrar, en vez de ese derroche innecesario". A pesar de ello, ha lamentado que, para el gerente, sea "inviable que este servicio se atienda por la plantilla".

CRITERIOS PARA CONCEDER BECAS A DEPORTISTAS

   Por otra parte, la viceportavoz del grupo municipal de IU, Antonia Morillas, ha registrado una petición de comparecencia del concejal de Cultura y Deporte, Damián Caneda, en la próxima Comisión de Pleno de éste área para que aclare los criterios para conceder becas y ayudas a deportistas tras conocer que la única dada por el Ayuntamiento, con una subvención de hasta 29.000 euros, fue para Borja Vivas, campeón de España de lanzamiento de peso y candidato en las pasadas elecciones municipales en la lista del PP para la capital.

   Morillas ha acusado al equipo de gobierno del PP de tener "una doble vara de medir", ya que "existen muchos malagueños que necesitan ayudas". Por ejemplo, ha dicho, "el Área de Cultura y Deporte ha negado su ayuda a las jugadoras del Atlético Málaga, así como a deportistas de otras disciplinas".

   Ha lamentado que "el PP haya batido en 2013 el récord en la concesión de subvenciones directas, algo que, según la ley, debe ser excepcional, puesto que la fórmula adecuada ha de ser la de la concurrencia competitiva con unos criterios previamente establecidos".

   "Sin embargo, el PP repartió 6,3 millones de euros a dedo en 2013, un 34 por ciento más que en 2012, donde se dieron 4,2 millones en subvenciones directas", ha indicado Morillas, quien ha advertido de "una fórmula de reparto basada en el clientelismo, sin respeto a los criterios de transparencia, opaca, sin concurrencia y a dedo".

   En este sentido, ha afirmado que "esta mala práctica está siendo incrementada por el PP en los últimos años, en los que precisamente, debido a la crisis, existen más necesidades y más gente solicitaría las mismas si el procedimiento fuera abierto".

   Morillas presentará una batería de preguntas en el próximo pleno sobre estas subvenciones directas y ha hecho hincapié en que "algunas de ellas podrían haber incurrido en un fraude de ley, ya que el procedimiento no es el adecuado y solo debe emplearse puntualmente y en casos excepcionales".

   Por último, la edil de IU ha resaltado que el equipo del gobierno tiene que dar explicaciones porque "no puede hacer lo que quiera sin ningún control", y le ha reclamado "una mayor transparencia y que colabore con la oposición en su labor de fiscalización de la gestión municipal, en vez de ponen trabas".