Izquierda Unida ha reclamado al Gobierno de la Nación un cambio de normativa sobre el precio de la electricidad, al tiempo que ha advertido de "los desahucios energéticos" que se están produciendo en las familias de la provincia.

   Así lo ha asegurado este miércoles en rueda de prensa la parlamentaria andaluza de la coalición de izquierdas por Málaga Dolores Quintana, quien ha pedido al Ejecutivo central que informe de cómo ha afectado a los malagueños la subida de la luz en el pasado año y cuántos cortes en el suministro se han producido por impagos.

   En este sentido, ha criticado que el encarecimiento del recibo de la luz está repercutiendo en la pequeña industria y en el sector agrario. Asimismo, ha detallado que, según un informe de Facua, las ofertas de las empresas eléctricas encarecen el recibo hasta un 16 por ciento, "lo que se traduce en que, desde el año 2008 hasta 2014, el importe del recibo ha sufrido una subida del 63 por ciento".

   Para Quintana, las familias padecen estos incrementos energéticos "con muchos problemas", ya que, según ha detallado, la última subida del 2,3 por ciento en el recibo de la luz "ha acumulado un aumento de  un 63 por ciento desde el año 2008 hasta este 2014".

   Ha reclamado "una reforma real" que permita a los ciudadanos conocer cada año cuál será el precio del suministro y no tener a las familias en un constante "sinvivir" con subastas cada tres meses. Frente a ello, ha explicado que la coalición promueve "políticas sociales que protegen a las familias más vulnerables, como la que anunció en su día desde el Gobierno andaluz su vicepresidente, Diego Valderas".

   Por ello, Quintana ha anunciado que registrará en el Parlamento de Andalucía una pregunta dirigida a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para saber en qué punto se encuentra la creación de una normativa justa que garantice un suministro mínimo vital que permita combatir este "desahucio energético".

   "Lo que se pretende desde la formación es la creación y puesta en marcha de políticas que estén al lado de las capas populares, que están siendo las más afectadas por la crisis", ha agregado la parlamentaria andaluza.

PARO Y PENSIONES

   Por otro lado, Quintana se ha referido a los datos del paro del pasado mes de diciembre, sobre los que ha manifestado que "no se ha creado empleo neto, sino que los malagueños no se inscriben en los servicios públicos por la desesperanza". "De los contratos que se firman en nuestra provincia, cinco de cada 100 son indefinidos; el trabajo que se está creando es precario, no de calidad", ha aseverado.

   Así, la representante de IULV-CA ha hecho hincapié en la situación de los pensionistas, a los que la subida de las pensiones de un 0,25 por ciento, frente a la previsión de la inflación de un 1,5 por ciento, "supone realmente una bajada de las mismas y una pérdida de poder adquisitivo". En la provincia de Málaga existen, en la actualidad, 236.559 pensionistas, con una pensión media de 780 euros, ha dicho.

   Sin embargo, ha alertado de que la realidad es que hay pensiones que "apenas superan los 300 euros al mes, por lo que es necesario ponerse al lado de aquellos que más lo necesitan y eso se ha hecho desde la Junta de Andalucía".

   Las pensiones no contributivas y las de fondo no contributivas, que en Málaga suponen aproximadamente 23.500 perceptores, se incrementarán un dos por ciento desde el Gobierno andaluz. Además, en el caso de las no contributivas, "el 72 por ciento de las personas que las perciben son mujeres, por lo que estamos hablando de nuevo de una feminización de la pobreza".

   En la provincia de Málaga, el 6,4 por ciento de los malagueños viven con menos de 307 euros al mes, "dato que se agudiza con las políticas de ajustes que se están llevando a cabo desde el gobierno central y la prolongación de la situación de desempleo".

   Finalmente, Quintana ha explicado la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz para la redacción de otra ley "fundamental": la de inclusión y de renta básica, que "garantice un mínimo de ingresos, en este caso a las familias malagueñas".