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Abren juicio contra el exedil Lendínez en el caso \'Goldfinger\', sobre irregularidades urbanísticas

El instructor acuerda ampliar la apertura de juicio oral ya dictada en lo que respecta a Lendínez, ya que estaba fugado cuando el juez decidió abrir juicio en esta causa por los delitos de fraude

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El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) ha abierto juicio oral contra el exedil marbellí Francisco Javier Lendínez por el caso 'Goldfinger', en el que se investiga la operación urbanística y financiera desarrollada en la parcela donde estaba el chalé propiedad del actor Sean Connery y su mujer en el municipio marbellí y en el que están acusados otras 17 personas, entre ellas el exalcalde Julián Muñoz y el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca.

   El instructor acuerda ampliar la apertura de juicio oral ya dictada en lo que respecta a Lendínez, ya que estaba fugado cuando el juez decidió abrir juicio en esta causa por los delitos de fraude, contra la ordenación del territorio, contra la Hacienda Pública, cohecho, y falsedad documental, dejando en una pieza separada la parte relacionada con los Connery y los delitos de blanqueo que también se han investigado en este procedimiento.

   Este caso se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio marbellí. Inicialmente, se investigaban solo los convenios suscritos por el Ayuntamiento con las sociedades Malibú S.A. --propietaria del chalé de los Connery-- y By the Sea, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 viviendas, denominada Malibú.

   Posteriormente, tras los informes emitidos por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Agencia Tributaria y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, la investigación se amplió a las operaciones financieras realizadas sobre la promoción a través de un entramado societario en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados marbellí, que había representado los intereses económicos del actor escocés y su mujer en Marbella.

   En lo que respecta a Lendínez, según el auto del juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía le acusa de dos delitos contra la ordenación del territorio, solicitando dos años de prisión e inhabilitación para cargo de concejal durante 10 años. Por su parte, el Ayuntamiento marbellí, personado como acusación particular, le acusa de un delito continuado contra la ordenación del territorio, solicitando un año y cuatro meses de prisión.

   En esta causa, la Fiscalía Anticorrupción separa la parte de las supuestas irregularidades urbanísticas llevadas a cabo, mediante tres convenios entre dichas sociedades y el Consistorio marbellí, para la construcción de 72 viviendas y garajes; de la que trata sobre los mecanismo desarrollados supuestamente para evitar el pago de impuestos por la venta de dichos apartamentos y derivar dinero hacia el extranjero.

   Así, a Lendínez se le vincula con la parte relacionada con el urbanismo, al indicar tanto el fiscal como el Ayuntamiento, que es acusación particular, que el 8 de mayo de 2002 tuvo lugar una comisión de gobierno, en la que estuvo presente el entonces edil, en la que se concedió licencia de obras al proyecto básico de 72 viviendas y garajes a la empresa By the Sea, permiso condicionado al cumplimiento de algunas exigencias.

   Asimismo, las acusaciones señalan que el 28 de abril de 2003 se celebró otra comisión de gobierno en la que se resuelve conceder licencia al proyecto básico reformado y el de ejecución de dicha promoción, reunión en la que también, supuestamente, participó Lendínez, junto con otros exconcejales, siendo en ese momento alcalde Muñoz. Por esto, se le acusa de dos delitos contra la ordenación del territorio.

   Lendínez fue localizado un día antes de que se conociera la sentencia del caso 'Malaya', contra la trama de corrupción en Marbella, por lo que no fue juzgado por esta causa, al estar en ese momento en paradero desconocido. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido en ese caso 10 años de prisión y 18 de inhabilitación al acusarlo de delitos de cohecho pasivo de carácter continuado para fin delictivo y acto injusto, prevaricación administrativa y malversación.

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