La Sección Octava de la Audiencia de Málagaha iniciado hoy el juicio al exalcalde de Marbella Julián Muñoz, al cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, y a otras 16 personas acusadas en el denominado caso 'Goldfinger', relacionado con la operación urbanística y financiera vinculada con la parcela en la que estaba el chalé del actor Sean Connery y su mujer, que no serán juzgados.
Así, la Sala ha diseñado un calendario de juicio, que cuenta inicialmente con 17 sesiones y que se prolongará previsiblemente hasta el 17 de febrero. Son 18 acusados y está previsto que comparezcan 67 testigos y ocho peritos a lo largo del juicio. Hoy está previsto que se dedique a las cuestiones previas, a las posibles conformidades y que empiecen a declarar los procesados, si es posible.
Este procedimiento se ha llevado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, que en septiembre de 2013 acordó la apertura de juicio oral contra 17 personas --a las que luego se uniría el exedil Javier Lendínez que en ese momento estaba en paradero desconocido--. Se acusa por los delitos de fraude, contra la ordenación del territorio, contra la Hacienda Pública, cohecho, y falsedad documental.
La Fiscalía Anticorrupción pide para Muñoz cuatro años de cárcel por dos delitos contra la ordenación del territorio y uno de fraude; mientras que para Roca solicita ocho años por esos mismos delitos y por cohecho. El Consistorio eleva estas penas a siete años y cuatro meses para el primero al contemplar en concurso el fraude y con un delito de malversación, y a más de 12 años en el caso del segundo, al acusarle de más delitos.
Asimismo, se juzgará a seis exconcejales marbellíes, dos abogados de un despacho, que habrían representado los intereses económicos del matrimonio en Marbella, un empresario y varios asesores fiscales y profesionales financieros. Como responsables civiles subsidiarias están 26 sociedades, algunas de ellas vinculadas con paraísos fiscales.
Este procedimiento se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe emitido por el Tribunal de Cuentas. Inicialmente, se investigaron únicamente los convenios del Ayuntamiento con las sociedades Malibú S.A. --propietaria del chalé de los Connery-- y By the Sea --que tenía las fincas colindantes a la anterior--, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 viviendas, denominada Malibú, cuya construcción finalizó en 2005.
Posteriormente, tras varios informes relacionados con el blanqueo de capitales y de la Agencia Tributaria, la investigación se amplió a las operaciones financieras realizadas sobre la promoción a través de un entramado societario en las que supuestamente habrían intervenido abogados de un despacho marbellí, que están acusados y que representaron los intereses económicos del matrimonio en Marbella.
El instructor acordó dejar al margen en una pieza separada todo lo relativo a la investigación de los Connery y posteriormente decretó el archivo de la causa respecto al actor y decidió continuar la tramitación respecto de su mujer, que ha sido acusada y para la que se ha acordado ya la apertura de juicio, aunque no será juzgada en esta vista oral que comienza ahora en la Sección Octava.
La Fiscalía Anticorrupción alude en su escrito provisional referido a esta causa a las supuestas irregularidades en convenios urbanísticos alcanzados por la Corporación marbellí durante la era del Grupo Independiente Liberal (GIL) y los perjuicios que habrían provocado en las arcas municipales. En concreto se centra en los acuerdos firmados con las sociedades Malibú y By the Sea.
Asimismo, en dicho documento, al que tuvo acceso Europa Press, se hace referencia a las posiciones que tenían tanto Muñoz como Roca en la tramitación y aprobación de los convenios. En el caso del último, se señala que "toda actuación urbanística a desarrollar en esa localidad tenía que contar con el visto bueno del señor Roca", creando una especie de "urbanismo a la carta".
"Era el pacto alcanzado por el señor Roca con los empresarios el que determinaba la utilización del suelo y su medida, así como las contrapartidas económicas a satisfacer a la Corporación por los promotores inmobiliarios", dice la calificación; mientras que Muñoz "se limitaban a ratificar con su firma, de manera automática, pero en todo caso plenamente consciente de su manifiesta ilegalidad", los acuerdos alcanzados.
En el caso de los convenios investigados en esta causa, se indica que la comisión de gobierno del Ayuntamiento en mayo de 2002 acordó conceder licencia de obras al proyecto básico presentado por By The Sea para la construcción de 72 viviendas y garajes. Los entonces concejales acusados concedieron estas autorizaciones "con plena conciencia de su ilegalidad", basándose en que las obras se ajustaban a la revisión del PGOU que "nunca fue objeto de aprobación definitiva".
El fin era, según el escrito de conclusiones iniciales, "favorecer económicamente a la entidad promotora", siendo Roca el que "diseñó toda la operación para obtener un enriquecimiento económico propio y de terceros". La nueva configuración urbanística de los terrenos, "que supone un notable incremento en la edificabilidad", se basaba en los acuerdos entre el Ayuntamiento y Malibú y By the Sea.
"Dichos convenios expresan la trama urdida para beneficiar a los dueños de ambas entidades, en perjuicio del Consistorio, mediante la rebaja de los costes de adquisición de los derechos edificatorios para ejecutar una promoción inmobiliaria en una zona privilegiada de Marbella", dice el fiscal, quien apunta que dicha "trama fue urdida por el acusado Juan Antonio Roca" y otros tres acusado, abogados y asesores que "gestionaban los intereses de las entidades".
Según la acusación pública, existía una diferencia en la valoración de los aprovechamientos realizada por el tasador municipal, hoy fallecido, y la hecha para el Juzgado, ya que "el Ayuntamiento malvendió la edificabilidad que le correspondía". En una primera estimación, el Tribunal de Cuentas señalaba que debido a las deficiencias en la determinación de los excesos de aprovechamiento y por aplicación de precios no ajustados a los de mercado, el perjuicio para las arcas municipales fue de 2,7 millones de euros.
Asimismo, el fiscal sostiene que "la contrapartida concertada" por Roca con los asesores acusados en la gestión de los diferentes convenios de esta promoción y en la obtención de las licencias necesarias se cifró en 3,6 millones euros y el pago se concretó en la reserva mediante contrato y entrega de dos apartamentos del conjunto Malibú, aunque la detención de Roca por la operación Malaya "truncó la disponibilidad" de los mismos.
Finalmente, el resultado de la explotación de la promoción fue superior a los 53 millones de euros, unos "elevados ingresos que suponían una enorme carga fiscal por lo que los acusados representantes de las sociedades idearon un mecanismo defraudatorio que permitiera evadir el pago de impuestos --como la declaración de pérdidas ficticia--, además de colocar sus ingresos fuera del país a disposición de los socios".
