La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar la próxima semana a seis personas acusadas de formar parte de un grupo organizado dedicado supuestamente a blanquear dinero producto del contrabando internacional a través de adquisición de inmuebles en la Costa del Sol y en Sevilla y con trasvases de fondos a cuentas de sociedades instrumentales.
Según las conclusiones iniciales del fiscal, dos de los principales acusados, que se encuentran declarados en rebeldía, por lo que no serían juzgados, formaban parte de esa organización que supuestamente blanqueaba dinero del contrabando de tabaco y alcohol y fraude fiscal en Alemania. También está procesado un hermano de uno de los anteriores, que en principio sí sería juzgado.
En España, según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, éstos habrían realizado desde el año 2000 transferencias de fondos a entidades mercantiles constituidas fundamentalmente en Granada y adquirían propiedades inmobiliarias "para enmascarar el ilícito origen de dicho dinero", para lo que contaban con varias personas.
Así, el ministerio público sostiene que entre estos colaboradores españoles estaban cinco acusados, quienes, "conociendo el origen delictivo del dinero se prestaron a actuar como meros testaferros en la adquisición de inmuebles o en la constitución de sociedades instrumentales", que servían "para los miembros principales de la organización para canalizar el trasvase de fondos".
En cuanto a las sociedades, el fiscal señala en sus conclusiones iniciales que varias de las operaciones de ventas de alcohol o de metales preciosos declaradas a través de estas empresas serían "falsas" y respecto a los inmuebles, se adquirieron fundamentalmente en la localidad malagueña de Estepona, en concreto tres, y en Sevilla, donde sólo se localizó un piso.
Entre las entradas de fondos en cuentas bancarias de sociedades radicadas en España, los pagos efectuados y el valor de los bienes inmuebles, la Fiscalía sostiene que el importe de blanqueo de capitales que se imputa es de 1,9 millones de euros.
Así, se acusa a los procesados por un delito de blanqueo de capitales, solicitando la pena de tres años y medio de prisión a cada uno y multa dependiendo de la supuesta participación en los hechos. El juicio está previsto que comience el día 8 en la Sección Tercera de la Audiencia.
