El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aprecia indicio de delito por parte del que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, Manuel Jaén, por su instrucción en el caso Goldfinger, ligado a la recalificación de la parcela en la que el actor Sean Connery tenía su casa.
El alto tribunal andaluz ha dictado un auto en el que considera en sus razonamientos jurídicos que "existen indicios" de que el juez "vulneró injustificadamente el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, de al menos, los querellantes".
Además se mantiene en la resolución, a la que ha tenido acceso Efe, que ello se hizo "con el fin de obtener información para corroborar una meramente hipotética existencia de un topo".
El posible filtrador, entendía el juez, podía estar en el Juzgado al que acababa de ser destinado o dentro de los equipos que intervinieron en la investigación de las mencionadas diligencias, y que podía estar pasando información a alguno de los imputados en la causa Goldfinger.
Por su parte, el que fuera titular del Juzgado de Instrucción 1 de Marbella Manuel Jaén, actualmente en condición de cese por comisión de servicios como magistrado adscrito al Ministerio de Justicia, siempre ha negado las acusaciones de prevaricación que le atribuye la parte querellante.
La citación como imputado del magistrado se produjo el pasado febrero al considerar la Sala de lo Civil y Penal que los argumentos expuestos por el querellante y los destacados por el fiscal en un informe eran "suficientes como para justificar una investigación penal".
Entre los hechos que se investigan se encuentra la posible revelación de datos de una instrucción penal declarada secreta y falta de motivación en la decisión de investigar, entre otros.
Por este motivo, la Sala, le citó para oír las explicaciones del querellado y determinar si se trata "de un deliberado artificio procesal" para obtener de manera contraria a Derecho información para la causa principal que instruía el magistrado.
Ahora el TSJA cree que Manuel Jaén "lejos de dirigir la investigación a localizar la fuente de la que pudo partir la filtración a la prensa que se había denunciado, pero aprovechando dicha denuncia, optó por sacrificar el derecho al secreto de las comunicaciones con la esperanza de que el mismo le suministrase datos que le permitiera llevar a cabo imputaciones concretas".
El TSJA cree que las medidas que adoptó el instructor "objetivamente lesivas de un derecho fundamental", carecían "absolutamente" de justificación objetiva y subjetiva.
También se destaca que al menos uno de los investigados no tenía en el proceso principal más condición que la de abogado defensor de uno de los imputados "lo que hace especialmente llamativa la falta de reparos del entonces magistrado instructor".
Por todo ello, el TSJA señala que el modo de proceder del juez "no fue sino una excusa o artificio procesal para justificar el acceso a datos pertenecientes al secreto de las comunicaciones" con "plena consciencia de la insuficiencia de indicios como para convertirla en legítima".
Con este auto la instrucción queda finalizada por lo que se da traslado a la partes para soliciten la apertura de juicio y formulen sus escritos de acusación o de sobreseimiento de la causa.
La fiscalía presentó en septiembre escrito de acusación contra dieciséis personas por el caso Goldfinger, entre ellos, el cerebro del caso Malaya contra la corrupción, Juan Antonio Roca, y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, que se enfrentan a penas de ocho y cuatro años de cárcel, respectivamente.
