Así lo ha acordado el magistrado en un auto en el que admite a trámite la querella presentada por dos particulares contra el teniente general del ejército iraquí Abdol Hossein Al Shemmari, al que acusan de once delitos de asesinato y 36 de detención ilegal -ya que hubo otros tantos secuestrados-, torturas y heridas graves causadas a unas 500 personas que resultaron heridas en el ataque.
Por ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción número de 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 8 de marzo a Al Shemmari, “en calidad de querellado”, para lo que ha librado una comisión rogatoria a las autoridades iraquíes a fin de que comuniquen su resolución al militar, tal y como adelantó ayer El País.
Andreu se ha declarado competente para investigar estos hechos después de pedir a Irak que le informase de si está investigando o ha investigado el ataque al campo de refugiados.
La respuesta llegada desde Bagdad a través del Ministerio de Exteriores, según el auto, es que “ya ha iniciado una investigación” y que se comprometen a “encontrar una solución para los residentes del campo de Ashraf conforme al derecho internacional”.
El juez, sin embargo, considera insatisfactoria la respuesta iraquí, ya que en ella “ni se informa sobre qué autoridad está llevando dicha investigación, ni la fecha en que inició la misma, ni de las diligencias que se han podido practicar al respecto, ni del resultado, si es que este se ha producido”.
El abogado Joan Garcés, que tabajó en el caso Pinochet, ha subrayado que se trata de la primera vez que autoridades iraquíes van a ser investigadas por violaciones graves de las leyes internacionales.
