José Cepero, del Bufete Cepero en Jerez, que consiguió hace varios años ganar una primera sentencia contraria al pago de la plusvalía municipal, no se sorprende de la reciente decisión del Tribunal Constitucional que ha declarado nulo e inconstitucional el método utilizado por los ayuntamientos para determinar la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. “Los ayuntamientos han seguido emitiendo liquidaciones desde mayo de 2017”, pese al fallo, remarca, sin que los sucesivos ejecutivos del PP y PSOE metieran mano a la reforma legislativa para dar la necesaria seguridad jurídica.
Cepero recuerda que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el anterior Gobierno ya pactaron una reforma de la Ley de las Haciendas Locales para asegurar por ley que las administraciones locales no cobraran el impuesto cuando se hubiera transmitido el bien inmueble por un importe inferior al adquirido, pero su implementación quedó congelada por la falta de estabilidad gubernamental.
En esta legislatura, en marzo concretamente, la también jerezana María del Carmen Granados, diputada nacional de Ciudadanos, defendió en la Comisión de Hacienda del Congreso una proposición no de ley en este sentido que resultó aprobada por unanimidad. En el texto que presentó la formación naranja se citaba el fallo del Alto Tribunal declarando inconstitucionales los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 de la Ley de las Haciendas Locales porque, en la práctica, “el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo”. “Esto ha llevado que quien ha heredado una vivienda pero ni un solo euro, se viera obligado a desembolsar cantidades que no podían asumir de manera que renunciaban a dicha herencia. El pago de la plusvalía ha supuesto la ruina para muchos ciudadanos”, lamenta Cepero.
La eliminación del gravamen podría animar también el mercado inmobiliario. Begoña Gómez, presidenta de la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la Provincia de Cádiz (GICA) apunta que daría al vendedor un mayor margen de negociación del precio que iría en beneficio del mercado inmobiliario”.
Para los ayuntamientos, sin embargo, supone un roto en las cuentas municipales de gran impacto. La senadora del PP por designación autonómica, Teresa Ruiz-Sillero, estima en un vídeo colgado en su perfil de Facebook que los gobiernos locales se verán obligados a reducir los presupuestos entre un 9 y un 15% para el próximo año, lo que afectará a los servicios públicos. En su intervención recuerda que la sentencia tiene una factura de siete millones de euros para Cádiz; tres para El Puerto y dos para San Fernando. El agujero para Jerez, según informaba esta semana Francisco C. Aleu en VIVA, es de 8,2 millones; en el Campo de Gibraltar, los siete ayuntamientos dejarán de ingresar otros nueve millones.
“No tengo ni idea de cómo podrán solventar este problema” las corporaciones locales, admite Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, quien remarca que no solo habrá que tener en cuenta la pérdida por el cobro, sino también, según el literal de la sentencia, que aún no ha trascendido, las devoluciones por la retroactividad. Dado el impacto, añade, y al margen de la decisión definitiva sobre la supresión del impuesto o su sustitución por un recargo, es muy probable que el Estado tenga que socorrer a las haciendas locales. En este sentido, el coordinador provincial de Ciudadanos, Carlos Pérez, ha reclamado al Gobierno, en la línea del PP y la FEMP, “un mecanismo de compensación porque, si Pedro Sánchez no hace nada, se pondrá en peligro la prestación de servicios públicos tan importantes como la dependencia o la seguridad”.
