Las denuncias sindicales apuntan a que el profesorado de alfabetización de la prisión de Jaén ya había advertido en el órgano de Coordinación y Seguimiento de que el aula multiusos de los módulos 5 y 6 no era el lugar más indicado para dar las clases, debido a la tipología de los internos no alumnos que compartían espacio. Sin embargo, la dirección del centro hizo caso omiso.

El 22 de octubre se cumplieron los peores temores cuando uno de los presos, que efectivamente no participaba del programa educativo, abordó a una de las profesoras, a la que agarró del brazo y tiró hacia él mientras sacaba sus genitales del pantalón. Acto seguido, trató de doblegarla para que le hiciera una felación. La rápida intervención de otro de los internos permitió que la funcionaria saliera huyendo hacia la oficina donde se encontraban otros compañeros. El presunto agresor fue conducido a otra sala por empleados del centro penitenciario y, como toda respuesta al interrogatorio de estos, trató de zafarse con suma violencia, lesionando a uno de ellos en uno de sus codos.

El protagonista del suceso ha cumplido once años de condena, por lo que ya podría disfrutar de permisos carcelarios, pero no lo ha hecho por su mal comportamiento. Reincidente, y con historial delictivo vinculado a las agresiones sexuales, fue trasladado al módulo 15 de Puerto III, donde también se han registrado episodios similares.

El último, en mayo, con otro interno que, con un perfl similar, ha mantenido actitudes obscenas en otros centros y ha proferido amenazas contra funcionarios. En esta ocasión, cuando una trabajadora abrió la puerta de su celda para que disfrutara de su tiempo reglamentario de patio, lo halló semidesnudo, solo con los calzoncillos y, al ver a la mujer, comenzó a tocarse los genitales. Esta le conminó a vestirse, a lo que se negó. De manera que otros compañeros intervinieron, procediendo a continuación al cacheo. En ese momento, el preso comenzó a mostrarse nervioso y, de manera sorpresiva, se abalanzó contra la funcionaria, a la que tiró al suelo. Fue reducido, pero, hasta que fue esposado, no dejó de lanzar patadas, puñetados y mordiscos. Durante el traslado de módulo, también estuvo lanzando cabezazos.

“No son hechos aislados”, advierte Javier Arroyo, responsable en la provincia de Cádiz de Tu abandono me puede matar. “Pero Instituciones Penitenciarias los silencia o trata de restarles importancia”, denuncia. En este caso, el expediente disciplinario abierto en Puerto I, donde se produjeron los hechos, caducó al cumplirse los tres meses reglamentarios sin mover un solo papel para su correcta tramitación. Ahora, en Puerto III, donde fue trasladado el interno, se ha reabierto no sin que haya mediado la insistencia de la organización sindical.

Algo parecido sucedió en el Psiquiátrico de Fontcalent, en Alicante, donde una trabajadora fue atacada cuando iba a meter en la celda a uno de los reclusos y, tras ser acorralada, fue objeto de tocamientos. La respuesta oficial que recibió a su denuncia, según Tu abandono me puede matar, fue que no existió agresión porque se puso a gritar para alertar de lo que sucedía.

“Tampoco la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha mostrado solidaridad alguna con las compañeras agredidas”, lamenta Arroyo, quien advierte de que el fenómeno está en crecimiento.

Por una parte, es muy habitual que en todas las cárceles españolas, una funcionaria se haga cargo de un módulo con elevada resencia de internos que han cometido delitos contra la libertad sexual y de violencia de género. También sufren el desdén por parte de algunos internos de origen extranjero que no reconocen, por la tradición de sus países de origen, la autoridad de las mujeres.

Por otro lado, la presencia femenina en plantilla es muy numerosa y, cada vez, en mayor proporción. Arroyo asegura que el 80% de los opositores en la última convocatoria para cubrir plazas de funcionarios de prisiones fueron mujeres. Hasta ahora, han desempeñado labores “de botones”, en el control de rastrillo (puertas estanco), en la centralita o en las cabinas de control. Pero actualmente cumplen tareas que obligan al contacto directo con los presos y no siempre lo hacen con un compañero. Como en la referida agresión de Jaén, actuaban dos empleadas.

Los protocolos no ofrecen garantías y, dado que Instituciones Penitenciarias no reconoce el problema, tampoco hay alternativas. De hecho, el desamparo es total. A otra compañera de Arroyo, acosada y vejada verbalmente por un interno le plantearon cambiarla de destino. Se negó. La administración, concluye el representante sindical, castiga a la víctima.