Villaluenga se mueve. El alcalde del pequeño pueblo serrano ha pedido a Diputación que elabore un plan estratégico para el desarrollo ganadero local que determine el modo de mejorar las condiciones laborales de quienes sufren hoy en sus explotaciones agrarias dificultades de acceso y la falta de suministro de electricidad y agua.

Alfonso Moscoso señala que la industria del queso, con seis queserías en el pueblo, 52 empleos directos, una producción de 300.000 kilos, el 60% del total de la provincia, y una facturación de unos nueve millones de euros al año, demanda cada vez más leche pero desciende “de manera sistemática” la cifra de quienes la procuran. Es una labor dura, que exige vocación y profesionalización. La localidad cuenta con unas 5.000 cabezas de ganado en 36 explotaciones ganaderas que, en muchos casos, no presentan las mejores condiciones para el trabajo.

El Gobierno de Irene García ha respodido favorablemente. Y Benaocaz se quiere sumar. La alcaldesa, Ana Belén García Bohórquez, va a solicitar a la institución provincial que incluya al municipio en el estudio. La modernización del sector, asegura en esta línea el presidente de los ganaderos locales, es la asignatura pendiente.

Con una veintena de explotaciones, Rodrigo Mangana se refiere a la excepcional dificultad de acceso a los pagos de Fardela. Hay ocho propietarios afectados. “Y nunca llega la ayuda necesaria -lamenta- para aliviar su situación”. Advierte de que la inexistencia de una vía resulta incluso peligroso en caso de incendio. Por otra parte, aprovecha el debate abierto por Moscoso para reivindicar mayor flexibilidad en cuanto a los usos del Parque Natural de Grazalema y exigir fondos para el relevo generacional, prometidos pero que no disponibles.

“Ni una piscina pueden construir en sus parcelas”, confirma el secretario general de Asaja, Luis Ramírez. Y, en cuanto a los incentivos para modernización de la Junta de Andalucía, recuerda que la última convocatoria se publicó en 2016 y la Administración autonómica ha tardado hasta tres años en pagarlas. Se preveía inicialmente destinar 106 millones de euros para unos 2.500 beneficiarios en toda la región, pero no hubo nueva convocatoria en 2017. Tampoco en 2018 ni el año pasado.

En septiembre de 2019, el BOJA dio a conocer la nueva orden y, según el portavoz de la organización agraria, se prevé que a finales de marzo o en abril se abra el plazo de solicitudes. Entretanto, el sector no para. Mangana espera contar antes de verano con el registro sanitario para poder tener un centro de despiece, empaquetado al vacío y congelación en cámaras. Actualmente no hay capacidad de almacenamiento, pero existe demanda suficiente como para aumentar la producción. Tampoco hay matadero. “Llevo los cabritos a Morón porque aquí no hay sala de despiece ni para vacuno ni para pequeño rumiante”, explica. Pese a que son los tipos de animales más frecuentes en toda la provincia de Cádiz.

No resulta fácil, en cualquier caso, facilitar el relevo generacional. El alcalde de Villaluenga recuerda que el proyecto de la escuela de pastoreo sigue en el alero. A la espera de la resolución de otra convocatoria, esta de fondos europeos, no solo tiene que salvar el escollo de la financiación. Las normas del parque tampoco ayudan en esto. Pero el sector no va piensa renunciar a sus reivindicaciones.

Coladero en Algeciras

Las movilizaciones agrarias continúan. Asaja, UPA y COAG han convocado una concentración el 12 de marzo “frente al coladero de productos importados que es el puerto de Algeciras”. Las movilizaciones del sector agrario se mantienen ante las medidas “claramente insuficientes” adoptadas el pasado martes por el Consejo de Ministros, por lo que han organizado este nuevo “acto reivindicativo”.