Era cuestión de tiempo que el debate de la eutanasia, cuya despenalización, planteada por Unidas Podemos y rechazada en 2017, volviera a la actualidad. Antes de que esto ocurriera de nuevo, y para evitar el ruido partidista, el Consejo Andaluz de Colegios Médicos se posicionó oficialmente al respecto, con un rotundo no, en octubre del pasado año. “No queríamos parecer oportunistas”, explica el doctor Jaime Aparicio Santos, miembro integrante de la Comisión de Deontología que rubricó el documento.

Pero, ya en pleno revuelo mediático, el pediatra, nacido en Cádiz, sanluqueño de adopción, de dilatada y reconocida trayectoria, echa mano de la resolución para tachar de “absurdo que (los políticos) nos metan en esto”, porque, remarca, “la profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad. Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico”. Cita de memoria los artículos del Código de Deontología Médica. El entrecomillado anterior corresponde al 5. El 36.3 reza: “El médico no deberá nunca provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por este”.

En cualquier caso, augura que, si la proposición de ley que defienden Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sale adelante, no va a haber cola de sanitarios para llevar a cabo un acto que, insiste, no es médico. Tampoco va a haber cola para solicitar la eutanasia. Asegura que no se ha topado con nadie que “haya pedido la muerte en mis años de carrera”. Todo pese a que se ha enfrentado a situaciones dramáticas, con padres y madres con hijos en estado terminal. Igualmente, no es lo habitual entre sus colegas. “Uno, quizá -duda-, pero no es lo normal”.  Y considera “demencial” la posibilidad de que se pudiera disponer de la vida de un familiar por razones de incapacidad.

Sobre esto, el presidente de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, Fernando Gamboa, advirtió recientemente en una entrevista que “en varias naciones donde está regulada la eutanasia, inicialmente se aprobó para enfermos terminales a petición propia, y hoy se aplica ya a pacientes que no la han solicitado, incapaces, dementes o niños”. Ambos doctores apuntan, por otro lado, a la confusión terminológica como raíz del problema; hay que diferenciar entre eutanasia y cuidados paliativos, asunto que sí debería estar en la agenda de las administraciones públicas.

Gamboa admite que es complejo evaluar la calidad de la atención para prevenir y aliviar el sufrimiento, valorar y tratar el dolor y otros síntomas físicos o psíquicos o las necesidades espirituales por la asimetría existente según las áreas sanitarias. Afirma que la Junta, no obstante, ha dado pasos por primera vez para crear una organización estándar al someter desde el pasado lunes a información pública el Proyecto de Orden por la que se crea la categoría profesional estatutaria de Medicina de Recursos Avanzados de Cuidados Paliativos en los centros del SAS.

El doctor Aparicio considera igualmente importante informar de los derechos del paciente para aclarar confusiones con la eutanasia. Recuerda, en este sentido, que un usuario puede renunciar a someterse a un tratamiento y considera de capital importancia la Voluntad Vital Anticipada, documento que contiene las preferencias sobre los cuidados y tratamientos sanitarios que deseamos recibir para que se cumplan si no tenemos capacidad para expresarlas personalmente. 

Derecho a morir

La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD), que lleva luchando desde 1984 para que se despenalice la eutanasia en España, cuenta con unos 7.000 socios a nivel nacional pero tan solo unos 70 en la provincia, informa Estefanía Escoriza. “Son personas que han tenido una mala experiencia en su familia y por ello se ponen en contacto con  este tema. Pero realmente son muy pocos, no sé si por el factor tabú que genera”, relata el portavoz de DMD en Cádiz, Daniel Armenta. Pero, ¿cómo se lucha contra un tabú? “Solo puede superarse hablando del tema y es la propia administración pública quien debe difundir esa información”. No obstante, lamenta que “lo han convertido en un tema político, mientras que la eutanasia para nosotros es un derecho natural de las personas, que le pertenece a la propia persona”.