La Fiscalía de Granada ha solicitado tres años de prisión por un supuesto delito continuado de apropiación indebida a un hombre que alquiló, entre febrero de 2009 y septiembre de 2010, nueve coches, valorados en 200.000 euros, para la empresa de la que era representante legal, sin que hiciera frente a los pagos correspondientes, y tampoco los devolviera, llegando un par de ellos a ser adquiridos por terceros fuera de España.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, al procesado también se le pide multa de 16.500 euros, mientras que la mercantil en la que actuaba como representante legal está en la causa como responsable civil subsidiaria.
El acusado estableció con otra empresa de alquiler y servicios de transporte, que reclama los 200.000 euros en que se han valorado los coches de los que es propietaria, los nueve contratos de arrendamiento a cambio de una renta mensual haciendo constar que "los vehículos serían devueltos a la finalización del plazo así como en caso de incumplimiento de las obligaciones del arrendatario".
También conforme al relato de los hechos que hace el fiscal, el "impago reiterado de las rentas pactadas" a fecha de noviembre de 2010 llevó a que el acusado fuera requerido "expresamente" para su pago a través de un burofax que fue remitido a la dirección de la empresa "constando como entregado en las oficinas a un familiar".
Asimismo, la empresa arrendadora presentó dos demandas de juicio ordinario que dieron lugar a dos sentencias firmes que declararon resueltos los contratos y ordenaban la devolución de los vehículos.
"Pese a tener pleno conocimiento de todo lo expuesto, el acusado, lejos de devolver" los vehículos, "entre finales de noviembre de 2011 y el 12 de marzo de 2014, con ánimo de lucro ilícito, los incorporó a su patrimonio, disponiendo de los vehículos como propios" lo cual dio lugar a una denuncia de la que deriva este proceso judicial.
Añade el fiscal que fueron localizados "únicamente" dos de ellos que fueron adquiridos, uno por un ciudadano polaco en una subasta organizada por las autoridades alemanas, y otro por una compañía ucraniana de transporte que lo tenía en Letonia, sin que conste que conocieran "las condiciones en que el acusado tenía los vehículos".
Los hechos está previsto que sean enjuiciados el 19 de abril en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.
