El entorno de Juana Rivas, la mujer de Maracena (Granada) que permanece en paradero desconocido desde que el pasado miércoles incumpliera la orden judicial de entregar a sus hijos al padre, condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar contra ella, ha rechazado el ofrecimiento del progenitor de una custodia compartida en Italia, con una vivienda para la madre y el pago de una cantidad mensual en concepto de alimentación.
El ofrecimiento se ha hecho en el transcurso de una "conversación de buena fe" entre el padre de los menores y otra persona vinculada al entorno de Juana con el objetivo de cerrar un acuerdo que "pusiera fin" a esta situación, según ha relatado a Europa Press el letrado del padre, Adolfo Alonso.
A su juicio, se trataba de una "buena oferta" y "perfectamente asumible" en el actual contexto de "desobediencia a los tribunales españoles; secuestro de los menores en dos ocasiones y desaparición de la madre para provocar una campaña mediática y un dolor innecesario", ha agregado.
La única premisa era la restitución de los niños, de once y tres años, a Italia, donde están escolarizados y tienen fijada su residencia habitual. No obstante, el "entorno" de Juana Rivas ha descartado esta opción confiando en el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional este lunes para solicitar la suspensión de la ejecución de sentencia por la que Juana tuvo que haber entregado a los niños el pasado miércoles a las 16,30 horas en el Punto de Encuentro Familiar de Granada.
Alonso ha precisado que no le consta que la propuesta se haya transmitido a Juana Rivas personalmente, pero sí a personas vinculadas a su ámbito jurídico, en tanto que el padre sigue sin saber dónde está ella o sus hijos, a los que no ve desde hace más de un año.
"Después de todo lo vivido", el padre de los menores, Francesco Arcuri, ha acogido el rechazo a su ofrecimiento "con naturalidad" y continúa en España a la espera de que el asunto se resuelva.
Si el Constitucional no estimara antes el recurso de los representantes legales de Juana Rivas, tanto ella como su expareja tendrán que comparecer el próximo 8 de agosto ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, después de que haya incoado diligencias previas tras recibir las actuaciones en torno a este caso que salta ahora a la vía penal.
Lo hace con el objetivo de investigar los posibles delitos a los que alude el padre de los menores en el escrito que remitió la semana pasada al juzgado que ha llevado hasta ahora el asunto en la vía civil, el de Primera Instancia número 3 de Granada; entre ellos, de desobediencia a la autoridad judicial; de sustracción interparental de menores y de violencia psicológica habitual contra los hijos, a los que habría inducido "ideas falsas" del progenitor.
A ello suma un delito contra la administración de justicia de los que considera posibles autores tanto a Juana Rivas como a aquellas personas que pudieran haber participado en los hechos como "inductores", "colaboradores" o "encubridores".
Junto a ello, aludía en su escrito a que Rivas se encuentra en un estado psicológico de "desequilibrio emocional" y por lo tanto "presenta un riesgo para su hijos, ya que sus comportamientos son imprevisibles y puede dirigirlos contra éstos".
