Desvincular al ex presidente de la Diputación provincial de Cádiz, Francisco González Cabaña, de cualquier posible relación con el fraude de las ayudas a la reindustrialización que está siendo investigado por la policía es la base de la declaración de la concejal del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, María José Valencia, ex vicepresidenta del IEDT, el organismo que se encargaba de baremar los proyectos presentados dentro del Plan Bahía Competitiva. El caso que instruye la magistrada del juzgado de instrucción número 4 de Cádiz, Lourdes del Río, investiga el destino de 14,5 millones de euros que tenían que haberse destinado a la creación de industrias en la Bahía de Cádiz y si hubo connivencia entre los empresarios que optaron a las ayudas y los responsables de las entidades que participaron en la concesión de las mismas, entre las que se encuentran el IEDT, la Agencia IDEA y Bahía Competitiva. Hasta el momento, hay 15 imputados en esta causa, entre los que se encuentran el empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña, el ex gerente de Bahía Competitiva, Antonio Perales, y la sobrina de éste, entre otros.
Este periódico ha tenido acceso a la declaración que Valencia formuló el pasado miércoles 6 de febrero ante la Brigada de Policía Judicial, grupo V de la Udyco, y que ha supuesto el cese de sus competencias como delegada de Vivienda en el Consistorio sanluqueño. Así, en sus afirmaciones Valencia quiso aclarar que Cabaña, “no ha tenido participación alguna en la tramitación de los proyectos”. Sin embargo, del resto de las declaraciones de la socialista ante la Unidad de Blanqueo de Capitales, se desprende que el entonces presidente de la Diputación, entidad al que pertenece el IEDT, sí que era conocedor de los proyectos presentados por el empresario Dávila Ouviña a esta convocatoria de ayudas, hasta tal punto que, en conversaciones mantenidas entre ambos sobre el asunto, Cabaña le habría llegado a recomendar a Valencia que hiciera “lo que los técnicos le indicaran, pues eran los que sabían”. Estas indicaciones las habría realizado González Cabaña sobre las advertencias de los técnicos en cuanto al ‘riesgo’ que presentaban los proyectos relacionados con Alcalá de Los Gazules, que concentraban el 34% de los fondos, cuando el límite era del 32%.
BAREMACIÓN
En cuanto a su papel como vicepresidenta del IEDT en el periodo investigado por la justicia, María José Valencia declaró recordar “vagamente” los expedientes a los que hace referencia la investigación, aunque sí concretaba que algunos estaban relacionados con Alcalá de los Gazules. Afirma que se limitaba a tener un “conocimiento estadístico” sobre los mismos, una vez que estos eran evaluados por los técnicos. La Policía se interesó por los proyectos presentados por Cádiz Solar Center, Dolitecmar -Ecofloat, Aquandalucía, STA, Jellyfish Fishing o Bienergy Park, entre otros.
Valencia reconoció ante la Policía que en el caso de los proyectos de Alcalá de Los Gazules, sí tuvo más información por parte de los técnicos, quienes le plantearon ciertas dudas respecto a la capacidad financiera de los proyectos en su conjunto. Así, habría tomado la decisión junto a uno de los técnicos de la Diputación de elaborar un informe alertando al Ministerio de Industria -encargado de la concesión de las ayudas- alertando sobre estos hechos.
En este sentido la ex vicepresidenta del IEDT aclaró en su declaración que el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico “se limitaba a evaluar y carecía de capacidad para decidir” y que, ante las dudas que habían surgido con respecto a los proyectos que ahora están bajo investigación judicial “no se podía hacer nada salvo las observaciones pertinentes al Ministerio de Justicia para que Madrid lo detectara”, tal y como le recomendaron los dos técnicos del IEDT con los que la ex vicepresidenta del organismo abordó las presuntas irregularidades.
María José Valencia también formaba parte de las Comisiones de Aprobación en las que el Ministerio de Industria dio luz verde a las ayudas. La ex vicepresidenta del IEDT habría asistido, al menos, a dos de estas reuniones celebradas en Madrid y presididas por el Director General de Industria, Jesús Candil, en las que, a pesar de que se había alertado por las posibles irregularidades de las empresas, sólo se presentaban y aprobaban los proyectos. La detenida declaró ante la Policía que llegó a recomendar una regulación más exhaustiva de las ayudas.
UN E-MAIL CON INSTRUCCIONES
La vuelta de tuerca a la investigación del caso ‘Bahía Competitiva’ la ha dado esta semana el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, mostrando el correo electrónico que los técnicos de la Diputación habían recibido desde Bahía Competitiva con instrucciones sobre la puntuación que debían de tener los proyectos presentados a esta convocatoria de ayudas, inclinadas a favorecer a aquellas empresas ‘afines’ al PSOE. Sobre este correo electrónico también se manifestó en su declaración policial la concejala del Ayuntamiento de Sanlúcar, María José Valencia, quien dio instrucciones entonces de que “si la evaluación estaba cerrada, así quedaba y que no se cambiara nada”.
Con todo, en el correo electrónico enviado a los técnicos del IEDT que firma la directora de la Agencia Idea, Rosa Rodríguez Cano, también imputada, se dan instrucciones sobre los cambios en las valoraciones que había que realizar a las distintas empresas presentadas. Así, se señala que se ha subido el crédito a algunos proyectos de Alcalá de Los Gazules y, por contra, que existían otros a los que “hay que bajarle la puntuación” o que “lo hemos quitado directamente”. Advierte además que quedan 500.000 euros por cuadrar pero que “lo consultaré y ya os diré de dónde”.
PERALES SE INTERESÓ POR LOS PROYECTOS DE ALCALÁ
A lo largo de la declaración realizada por María José Valencia, en la que indica textualmente, haber sido detenida por un delito de fraude de subvenciones públicas, se desprende su conocimiento sobre el estado de los proyectos cuyas subvenciones están ahora bajo sospecha. De hecho, Valencia llegó a tratar con Antonio Perales Pizarro, ex gerente de Bahía competitiva e imputado en el caso, el estado de los proyectos, en una conversación en la que Perales se interesó específicamente por los proyectos vinculados a Alcalá de Los Gazules. En ese momento, Valencia trasladó al hermano del histórico dirigente socialista Alfonso Perales, la información que tenía sobre las iniciativas que iban a instalarse en el pueblo natal de éste.
La ex vicepresidenta del IEDT, según se desprende de su declaración policial, le habría puesto sobre aviso de las posibles irregularidades detectadas y le informó que de a pesar de que individualmente “eran viables” pero que en, en global, presentaban dudas. Valencia niega que recibiera presiones o indicaciones de Perales al respecto.
