No hay noche, desde el pasado jueves 3 de julio que los residentes en el callejón Cervantes, en el edificio Avenida 2, duerman tranquilos. Desde ese día, cada noche un grupo de ciudadanos intentan ocupar alguna de las 17 viviendas que aún se encuentran vacías en este inmueble de reciente construcción en la carretera de Trebujena. En él residen 19 familias que diariamente temen “una invasión”. De ahí que hayan decidido montar turnos de guardia para evitar que algunos okupas entren en las casas que aún la promotora tiene pendiente de vender o entregar las llaves. Han implantado turnos de vigilancia las 24 horas del día y no hay noche en la que no tengan que dar aviso a la policía. “Merodean por la zona y nos tiran piedras”, relata Dani, uno de los vecinos afectados por esta situación.
Para estos vecinos, la situación que se está produciendo en la ciudad con la ocupación ilegal de varios bloques de viviendas tiene un motivo concreto. Aseguran que “al menos dos partidos políticos y el SAT están incitando a la ocupación de estas viviendas pendientes de entrega”. “Si algo grave ocurre iremos a por ellos, por incitar una situación tan tensa”, aseguran. La situación se ha vuelto prácticamente insostenible, hasta el punto que una de las vecinas, embarazada, tuvo que ser atendida por sufrir un ataque de ansiedad. La misma preocupación mantiene otra de las propietarias de uno de los pisos. A falta de unos meses para su boda, ya ha terminado de equipar su casa y le preocupa que, en su ausencia, puedan entrar en la vivienda.
En los últimos días han reforzado la urbanización con tapias más altas y aseguran que llegarán “hasta las últimas consecuencias”. “Estamos recibiendo amenazas, pasan por aquí en coches y nos chillan e insultan y hasta nos tiran piedras”, cuenta otro de los vecinos al que hoy le ha tocado hacer guardia en la puerta del bloque de viviendas. Recorriendo el bloque de viviendas nos muestra las marcas que las piedras lanzadas han dejado en la fachada.
“No podemos hacer otra cosa”, añade Dani, uno de los jóvenes que reside en el bloque y que cuenta con desesperación cómo la Policía les cuenta que “no pueden hacer nada”. Están ‘atados de pies y manos’, montando guardia para evitar que el resto de viviendas que permanecen vacías en el bloque sean ocupadas por las familias en situación de exclusión social y que se sumen así al resto de corralas que en los últimos días han proliferado en el municipio.
La constructora del edificio, Saheca, se encuentra en concurso de acreedores. Según constatan los vecinos, las viviendas que faltan por adjudicar están en muchos casos a la espera de que el banco conceda el préstamo a sus compradores. Con todo, la promotora ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional y en los juzgados dando cuenta del intento de ocupación. El presidente de la comunidad también ha puesto los hechos en conocimiento del Ayuntamiento de Sanlúcar.
En otras zonas de Sanlúcar también se han producido en las últimas semanas otros intentos de ocupación que, tras ser denunciados por los propietarios de las viviendas, han evitado que los inmuebles se hayan convertido en nuevas corralas. Así ha sucedido con un inmueble propiedad de la entidad bancaria Unicaja ubicado en el pago Bayoneta. Según han informado fuentes policiales, tras denunciarse la tentativa de ocupación, el pasadolunes fueron citados a un juicio rápido los presuntos okupas y el responsable de la entidad, dictándose una orden de desalojo en el plazo de una semana. Lo mismo ha ocurrido en la calle Bolsa, propiedad también de Unicaja, entidad que sí ha denunciado los hechos. No sucede igual con el resto de edificios que han sido ocupados por la Plataforma de Corralas de Sanlúcar, la mayoría de ellos registrados aún en el Registro de la propiedad a nombre de los propietarios del solar o de las promotoras que desaparecieron como consecuencia de la crisis del ladrillo, existiendo un limbo legal que dificulta la acción policial y judicial.
