Ecologistas en Acción ha exigido a la Consejería de Medio Ambiente la supresión de los cotos de caza de Sanlúcar de Barrameda y Trebujena, que están situados en el dominio público marítimo terrestre.
Según han explicado en un comunicado, los cotos de caza de Sanlúcar de Barrameda: CA-10.826 Salinas de Monte Algaida, CA-10874 Marisma de Henares y CA-11123 Henares (incluidos en el Espacio Natural de Doñana), se encuentran en su totalidad o casi totalidad en terrenos de dominio público marítimo terrestre (DPMT), zonas que legalmente deben ser consideradas “zona de Seguridad” por lo cual debería prohibirse en ellas la caza. En similar situación está el coto de Trebujena CA-11274 Guayanco si bien está solo en parte dentro del DPMT.
Las “zonas de seguridad” se definen en el artículo 49 de la ley 8/2003 de Flora y Fauna silvestre de Andalucía y en el artículo 89 del decreto 182/2005, (Reglamento de Ordenación de la caza) como aquellos lugares “donde deban adoptarse medidas precautorias especiales, con el objeto de garantizar la integridad física y la esfera de libertad de las personas y sus bienes, quedando prohibido con carácter general el uso de armas de fuego….“En todo caso serán zonas de seguridad” (entre otros lugares): “Las aguas de dominio público, sus cauces y márgenes, así como el dominio público marítimo-terrestre.”
Además, argumentan que el área de estos cotos -tres de ellos situados dentro del Espacio Natural de Doñana- es hábitat de especies en peligro de extinción como la Focha Moruna, o la Cerceta Pardilla; es punto de destino de un creciente turismo ornitológico; y está calificada como ZEPA (zona de especial protección para las aves) y LIC (Lugar de interés Comunitario) dentro de la gran red de espacios naturales protegidos de la Unión Europea: la Red Natura 2000).
Por ello, "consideramos un acto de prevaricación la decisión de la Consejería de Medio Ambiente de seguir autorizando la caza en estos lugares". De ahí que los ecologistas hayan dirigido escritos a la delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y al propio consejero exigiendo la supresión definitiva de dichos cotos.
