El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha considerado como "grupo criminal" a la organización desmantelada en 2022 por el robo de grandes cantidades de cable de cobre en Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha, una operación saldada con 23 detenidos, 13 de los cuales fueron encarcelados y respeto a la cual el tribunal declara que la competencia para investigar el asunto corresponde al Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla.
Así figura en un auto emitido el pasado 3 de marzo por el TSJA y recogido por Europa Press, sobre esta "organización criminal asentada en Sevilla y poblaciones cercanas, habiéndose practicado con fecha 24 de octubre de 2022 un total de 15 diligencias de entrada y registro en Sevilla y localidades cercanas, lo que permitió reforzar los indicios de existencia del grupo y su organización, incluyendo a las personas y responsables de los efectos sustraídos, de su compra y posterior reventa con introducción en el mercado", según dicho auto.
"Los indicios de existencia de grupo criminal, que no considera suficientes ni el informe del Ministerio Fiscal al juzgado de Sevilla ni el auto de tal juzgado, se sostienen sin embargo con una importante fuerza fáctica suficiente para estimar su inicial consideración no ya policial, sino judicial", indica el TSJA, señalando que ha quedado de relieve "un grupo y subgrupos muy numeroso de personas asentadas en Sevilla capital y poblaciones cercanas, dedicados unos a perpetrar robos de cables de cobre, para después venderlos a otros subgrupos", señala el TSJA.
"La mecánica comisiva", según el tribunal, "permite constatar de forma indiciaria el reparto de tareas delictivas tendentes a un mismo fin, actuando de manera concertada y coordinada en la comisión de cada uno de los actos delictivos".
Y ante la cuestión de competencia suscitada entre el Juzgado de Instrucción número uno de Archidona (Málaga), como primer órgano en conocer el asunto; y el Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla, encargado de las actuaciones en dicha provincia, el TSJA señala "la conveniencia primaria de que la investigación deba continuar en Sevilla, teniendo en cuenta la vinculación múltiple" de las actividades con dicho lugar, por lo que declara al Juzgado número nueve de Sevilla como el competente "por ahora" para dirigir la investigación.
El letrado José Antonio Sires, conocido penalista de Sevilla del Bufete Sires Abogados y encargado de la defensa de dos de los encartados, ha recibido con "complacencia" esta decisión judicial, tras mas de un mes de espera para resolver la cuestión de competencia planteada en el proceso judicial, que "estaba perjudicando seriamente los derechos de los investigados".
Para el desmantelamiento de esta red, según informaba la Guardia Civil, fueron acometidos 16 registros en las localidades sevillanas de Guillena, Camas y Sevilla capital, siendo intervenidas 3,2 toneladas de cobre, 70.865 euros en metálico, múltiples herramientas específicas para el robo de este material, maquinaria especializada para el tratamiento del cobre, un escopeta del calibre 12 que se encontraba sustraída, 39 teléfonos móviles, ordenadores y joyas valorados en 109.000 euros, además de nueve vehículos y útiles para la comisión de los delitos.
Los investigadores atribuyeron a esta organización un total de 103 delitos de robo cometidos por valor de 1,3 millones de euros, la mitad de este dinero en concepto de daños provocados en los robos.
Para la Guardia Civil, esta organización estaba "perfectamente estructurada y jerarquizada e integrada por distintos clanes o familias provenientes de países del Este", que se dedicaban a cometer los robos mientras otro grupo regentaba desguaces o chatarrerías, donde compraban los efectos sustraídos, consiguiendo de esta manera "suculentos beneficios de los ilícitos".
Tras los robos, los miembros de la organización encargados de la receptación del material sustraído compraban el cobre y lo introducían en el mercado legal a través de una empresa de recuperación de metales y residuos ubicada en la localidad de Guillena. Este grupo revendía el cobre robado a más del doble del precio que lo compraban, obteniendo "grandes beneficios" por ello, según la Guardia Civil.
