La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha convalidado por unanimidad este miércoles el decreto ley aprobado el pasado 17 de diciembre por el Consejo de Gobierno de la Junta y por el que la Comunidad Autónoma de Andalucía se reserva los derechos del complejo minero de Aznalcóllar (Sevilla).
Esta decisión permitirá a la Administración autonómica impulsar la reapertura de esta explotación a través de un concurso en régimen de concurrencia competitiva, con el fin de elegir el proyecto que mejor cumpla las exigencias de seguridad y de viabilidad técnica, económica y medioambiental.
El decreto ley, según ha recordado el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, José Sánchez Maldonado --que ha acudido a la Diputación Permanente para defender el decreto ley y pedir a los grupos parlamentarios su apoyo--, da respuesta a una proposición no de ley aprobada unánimemente el pasado mes de julio por el Parlamento de Andalucía, que instaba al Consejo de Gobierno a articular los procedimientos necesarios para acelerar la reapertura de la mina con totales garantías y bajo premisas de plena transparencia y competitividad.
La fórmula del decreto ley, prevista en el Estatuto de Autonomía para situaciones de urgente necesidad, se justifica en este caso, en palabras del consejero, por "la extraordinaria necesidad de empleo que vive Andalucía" y por las "particulares circunstancias de la mina de Aznalcóllar, que obligan al Gobierno andaluz a extremar el control de las futuras actividades extractivas" después del conocido vertido protagonizado por Boliden.
De hecho, según ha enfatizado Sánchez Maldonado a lo largo de su intervención, con la aprobación de esta norma se ofrece "total seguridad a inversores y empresas concurrentes, además de agilizarse la tramitación administrativa".
El complejo minero de Aznalcóllar ocupa una superficie de casi 950 hectáreas y cuenta con unas reservas de 35 millones de toneladas constatadas, y otros 45 millones probables, de cobre, plomo y zinc, además de oro y plata. Por ello, a juicio del consejero, el proceso para su reapertura se produce "en un contexto favorable de resurgimiento de la minería metálica y de aumento de la demanda y de los precios".
Eso sí, debe ir "precedida en todo momento de todas las medidas preventivas oportunas", algo que, según ha insistido, se van a seguir en este caso para que la actividad minera sea "perfectamente compatible con la planificación medioambiental y territorial, punto esencial de la estrategia minera de la Junta de Andalucía para los próximos años".
El concurso minero de Aznalcóllar se sumará a los dos que la Junta ya ha resuelto este año para un total de 13.500 hectáreas en la Faja Pirítica de Huelva y Sevilla, con una inversión prevista de 12,5 millones de euros. En fase de convocatoria se encuentra otro en la provincia de Huelva que pone a disposición de las empresas investigadoras un total de 90 derechos distribuidos en 33.500 hectáreas.
PP-A: "NUESTRO APOYO NO ES UN CHEQUE EN BLANCO"
En el debate sobre este decreto ley, el miembro de la Diputación Permanente por parte del PP-A Rafael Salas ha recordado que la rotura de la balsa de Aznalcóllar fue un "desastre de inmensa magnitud" desde todos los puntos de vista y ha advertido de que "no se puede olvidar" ni que "el Gobierno andaluz no actuó con diligencia en el control de la corta pese a las denuncias" sobre la misma ni que Boliden "se fue de rositas" sin abonar los casi 400 millones de euros que costó reparar el vertido.
Por ello, y conscientes de que "el pasado no puede paralizar" el presente ni impedir la creación de puestos de trabajo en la comunidad, ha votado a favor del decreto ley pero avisando de que su apoyo "no es un cheque en blanco" para el Gobierno andaluz.
De hecho, los 'populares' han pedido la tramitación del decreto como proyecto de ley --que ha sido rechazado por PSOE-A e IULV-CA-- para "corregir" ciertos aspectos del texto que creen que son mejorables como, por ejemplo, todo lo relacionado con las exigencias a la empresa que se haga con el concurso público de reapertura de la mina.
Salas ha indicado que el PP-A "no ve correspondencia entre la filosofía" de la proposición no de ley que se aprobó entre todos los grupos en el Parlamento de Andalucía y "lo que realmente viene recogido en el decreto ley", entre otras cosas, porque éste "sólo contiene cinco artículos de los seis que se aprobaron por unanimidad en la Cámara". "El Parlamento fue más allá y le dijo que no a Boliden y a cualquier empresa relacionada con ella hasta que no devuelva a la Administración el dinero que costó el vertido; y eso no está en el decreto", ha remachado. Por eso, ha insistido en que a su grupo le hubiera gustado que "se hubiese afinado más" en la redacción del decreto y se "hubieran elevado a rango de ley algunas exigencias de ese concurso".
UN PROYECTO COHERENTE PARA PSOE-A E IULV-CA
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Jiménez, ha defendido la "coherencia" del Gobierno andaluz al proponer esta reapertura en tanto en cuanto "escucha al Parlamento" y, por otro lado, trata de poner en marcha una actividad económica "en una zona que sufrió un accidente medioambiental muy grave" pero con todas las garantías necesarias para que no vuelva a ocurrir.
También Jiménez ha recordado que el desastre de Aznalcóllar "fue sufragado íntegramente con dinero público" y, ante ello, ha pedido "aprender de los errores" para "ser capaces de propiciar la actividad minera sin repetirlos". En ese sentido, ha considerado "posible recabar a los mejores para explotar la riqueza minera de la Faja Pirítica andaluza", de la que ha dicho que "puede ser un elemento esencial para la generación de empleo" en la comunidad.
"El Gobierno andaluz tiene la obligación de hacer viable esta posibilidad con responsabilidad", ha insistido para reclamar que la actividad minera extractiva se vuelva a poner en marcha "en las mejores condiciones laborales" y "en las mejores condiciones medioambientales", ya que coincide con el entorno geográfico de Doñana y "hay que extremar al máximo estas garantías para que no sea bajo ningún concepto una amenaza para la zona".
En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del Grupo Parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, quien se ha mostrado "favorable" a la reapertura de la mina siempre y cuando la explotación se ejerza con "control público".
Así, ha señalado que IULV-CA "cumplirá" con su función de "control y vigilancia" y estará "muy pendiente" tanto del "desarrollo escrupuloso" de las exigencias del concurso como de que la explotación de la mina "cumpla con todos los requisitos y garantías de seguridad y medioambientales". Sólo así, ha reiterado Castro, "será un éxito para nuestra tierra".
