El Juzgado que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha acordado embargar dos vehículos, una vivienda y todos sus saldos bancarios al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera para cubrir la fianza de responsabilidad civil de 7.282.653,31 euros que le impuso la juez Mercedes Alaya.
Por medio de un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Rosa María Vélez, argumenta que, "no habiéndose designado bienes" por parte del imputado sobre los que trabar embargo ni "tampoco consignado cantidad alguna hasta la fecha", procede el embargo de los bienes resultantes de la averiguación patrimonial efectuada.
Por todo ello, el Juzgado decreta el embargo de dos vehículos propiedad de Rivera, en concreto un BMW modelo 320DMAN y un Hyundai Scoupe, así como de una vivienda en planta ático de la urbanización La Herradura y de un local destinado a plazas de aparcamiento en la localidad de Roquetas de Mar (Almería).
Asimismo, decreta el embargo telemático sobre los saldos bancarios que ostente el imputado de todas las entidades bancarias adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sobre las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.
De igual modo, la secretaria ha dictado una diligencia de ordenación, consultada por Europa Press, en la que ordena proceder a la averiguación de bienes del imputado a través de la consulta integral patrimonial de bienes del Punto Neutro Judicial.
Hay que recordar que Daniel Alberto Rivera compareció en julio de 2012 ante la juez Mercedes Alaya, que le imputó los presuntos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación y malversación.
CERCA DE 43 MILLONES EN AYUDAS DE LEGALIDAD "CUESTIONADA"
La magistrada le imputa haber otorgado 42.947.915,24 euros en ayudas pese a los informes jurídicos que cuestionaban la legalidad del sistema de ayudas ideado en el año 2001 y regulado por medio de un convenio-marco, así como no haber aportado todos los expedientes requeridos por el Juzgado y que se encontraban bajo su responsabilidad directa y la "desaparición" de algunos documentos relacionados con los expedientes de las ayudas.
En su declaración, Rivera reconoció que "heredó" de sus antecesores una serie de compromisos para pagar ayudas sociolaborales que incluían "elementos tóxicos, es decir, se incluyeron personas que no pertenecían a las empresas" en cuestión.
