La delegada del Gobierno central en Andalucía, Carmen Crespo, ha anunciado este martes que esta misma jornada, el Estado registra el recurso de inconstitucionalidad impulsado por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy contra el decreto andaluz que regula la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), clausurada después de que en 1998, la balsa de residuos de metales asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufriese una fractura con el consiguiente vertido masivo de lodos tóxicos al área de influencia del río Guadiamar.
Carmen Crespo ha celebrado este martes una reunión con el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, y el secretario general de CCOO en la provincia de Sevilla, Alfonso Vidán, a cuenta de la decisión del Gobierno central del popular Mariano Rajoy de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto Ley promovido por la Junta de Andalucía con "los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar".
Mientras el citado decreto Ley de la Junta de Andalucía parte del "problema estructural del desempleo" en Andalucía y la necesidad de "aprovechar las reservas de la mina de Aznalcóllar" como "fuente de empleo y de riqueza", Carmen Crespo ha defendido que la Administración autonómica ha "vulnerado las competencias estatales" con este decreto Ley. En ese sentido, ha argumentado que la Ley de Minas de 1973 y dos reales decretos Ley que se remontan a 1981 y 1982 "dicen que la Junta debería haber informado al Estado con carácter previo" a promover esta iniciativa y que "la reserva de suelo para la minería es una competencia estatal". "Se vulneran las competencias estatales", ha insistido.
"No hay más remedio que hacer este recurso", ha dicho incluso la delegada del Gobierno central en Andalucía, precisando eso sí que el decreto andaluz que orquesta la reapertura de la mina de Aznalcóllar no cuenta con las debidas "garantías" jurídicas por los motivos ya descritos y, a tal efecto, es susceptible de ser recurrido "por terceros" ocasionando "un importante conflicto jurídico" y un "callejón sin salida" para este proyecto.
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Al respecto, ha manifestado que las administraciones central y autonómica "quieren entenderse" y ambas cuentan con "voluntad" para encontrar una "fórmula" que solucione el asunto y propicie finalmente la reapertura efectiva de la famosa mina, extremo al que ella misma ha manifestado su apoyo. Preguntada sobre la demora que afronta ahora el proyecto, Carmen Crespo ha manifestado que no espera que la iniciativa sufra "tanto" retraso como uno o dos años, si bien ha admitido que no puede precisar plazos concretos. "Esperemos que los plazos no se dilaten", ha enfatizado.
De otro lado, ha defendido que la impugnación del decreto andaluz de reapertura de la mina de Aznalcóllar "no afecta" al procedimiento de reapertura de la explotación minera de Riotinto (Huelva). "Estamos hablando exclusivamente de Aznalcóllar", ha asegurado insistiendo en que la clave del recurso de inconstitucionalidad es la atribución al Estado de la competencia relativa a la reserva de suelos para la actividad minera.
"Tiene que haber un decreto Ley con todas las garantías jurídicas y medioambientales para evitar batallas judiciales de terceros", ha resumido Carmen Crespo, quien aboga por no "mirar hacia atrás" y partir de la idea de que ambas partes tienen la "voluntad" de alcanzar "un acuerdo para la fórmula" que mejor convenga a la reapertura de la mina, mencionando la posibilidad de solucionar el conflicto a través de "otro decreto Ley". De cualquier modo, y a su juicio, la presentación del mencionado recurso de inconstitucionalidad "invalida" el decreto Ley de la Junta de Andalucía.
TRAS LA RUPTURA DE LA BALSA EN 1998
Como consecuencia de la ruptura de la balsa de residuos de la mina que por aquel entonces explotaba Boliden-Apirsa en 1998, esta multinacional sueca de la minería abandonó la explotación de Aznalcóllar, que sostenía más de 450 empleos estables y cerca de 700 eventuales. Para contrarrestar la contaminación masiva del cauce del río Guadiamar, fue necesario un programa de restauración que ha supuesto el desembolso de aproximadamente 90 millones de euros durante varios años.
A día de hoy, de hecho, la Junta de Andalucía mantiene vivas sus iniciativas para reclamar a la multinacional sueca Boliden el elevado coste de los numerosos y laboriosos trabajos de restauración medioambiental que siguieron a la catástrofe de 1998, toda vez que la mina cuenta con casi 950 hectáreas de superficie y una reserva constatada de 35 millones de toneladas de cobre, plomo y zinc, además de oro y plata, y otros 45 millones de toneladas de probables nuevos recursos.
