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Miércoles 27/11/2024
 
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Sevilla

La Fiscalía investiga a Arellano tras ser denunciado por prevaricación cuando era vicerrector

La investigación pretende saber si, como denuncia el Colegio de Arquitectos de Sevilla, el consejero adjudicó de manera "arbitraria" la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius)

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  • Ramírez de Arellano. -

La Fiscalía Superior de Andalucía está investigando al consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, por un presunto delito de prevaricación del que le acusan cuando adjudicó un proyecto de construcción cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla.

Fuentes de la Fiscalía Superior han explicado a Efe que en marzo se presentó la denuncia ante la Fiscalía de Sevilla, que se inhibió ante la instancia superior cuando, en junio, la presidenta Susana Díaz nombró a Ramírez consejero, tras lo cual adquirió su condición de aforado.

La investigación pretende saber si, como denuncia el Colegio de Arquitectos de Sevilla, el consejero adjudicó de manera "arbitraria" la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius), según adelanta El Mundo.

El consejero habría cometido, según los denunciantes, un presunto delito continuado de prevaricación durante su etapa de vicerrector de infraestructuras.

Ramírez, que antes de ser consejero era rector de la Universidad de Sevilla, fue denunciado cuando, en septiembre de 2008, la Universidad de Sevilla firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras del edificio Centrius.

La obra consistía en la construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones de euros, según la denuncia, y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos.

Los denunciantes afirman que la licencia de obras para el edificio se concedió según un proyecto básico que fue visado el 13 de agosto de 2008, más de un mes antes de que, oficialmente, la Universidad le encargara el trabajo a los autores mediante el contrato.

El Colegio de Arquitectos asegura que la redacción del proyecto se adjudicó sin que existiera siquiera expediente de contratación.

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