El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha resuelto ampliar seis meses más la instrucción de la causa incoada en 2014 contra la empresa minera Cobre las Cruces, que explota la corta ubicada entre Gerena, Guillena y Salteras, por presunto "abuso y sobreexplotación" del acuífero Niebla-Posadas. Esta causa, hay que precisarlo, nació seis años después del caso por el que tres directivos de la empresa fueron condenados en septiembre de 2016, por hechos similares a los ahora investigados.

A través de un auto emitido el pasado 24 de mayo y recogido por Europa Press, la citada instancia judicial rememora que ya el 2 de junio de 2016 se acordó "una ampliación de 12 meses del periodo de instrucción". Ya próximo el vencimiento de dicho plazo, la juez instructora expone que "actualmente, las actuaciones se encuentran pendientes de completar las diligencias de investigación necesarias ya acordadas". En especial, señala la juez que espera aún "que el técnico hidrogeólogo residente complete el informe realizado, que no incluía un examen íntegro de la documental requerida".

Dado el caso, y conforme al artículo 324.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la juez acuerda ampliar "por seis meses" más el plazo de la instrucción, "a fin de practicar las diligencias necesarias ya acordadas".

LA CONDENA DE 2016

Recordemos que en septiembre de 2016, el exconsejero delegado de Cobre las Cruces Françoise Fleury; el exdirector de Minas William Thomas Willliams y la directora del área de Medio Ambiente, Paz Cosmen, fueron condenados a multas por valor de 6.750 euros en cada uno de los casos y un año de cárcel cuya ejecución quedaba suspendida siempre que no vuelvan a delinquir durante dos años. A todos ellos se les consideró autores de un delito contra el medio ambiente y otro de daños al dominio público, por la contaminación y la detracción no autorizada de agua detectadas en el acuífero Niebla-Posadas.

Este procedimiento judicial ya concluso arrancó en 2008, a raíz de la detección de la detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero, la práctica de 20 sondeos no autorizados y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes a este cauce hídrico explotado por la empresa minera, mediante una concesión de la Confederación Hidrógráfica del Guadalquivir y un sistema de drenaje y reinyección de aguas.

En paralelo, en 2014 nacía otra causa judicial a cuenta de las acciones judiciales de Ecologistas en Acción, por nuevas y supuestas prácticas de "abuso y sobreexplotación de las aguas subterráneas" del acuífero por parte de la empresa minera.

Según la denuncia de la Fiscalía, derivada de las acciones de Ecologistas en Acción, "entre el 15 de noviembre de 2010 y el 15 de enero de 2011, la diferencia abusivamente extraída (por la mina del acuífero) superó los 321.000 metros cúbicos; el siguiente trimestre más de 23.000; el siguiente supera los 56.000 metros cúbicos; más de 58.000 el siguiente trimestre; 63.000 y 63.000 en los dos siguientes", de tal manera que sólo en un año, el exceso de extracciones de agua fue de "285.077" metros cúbicos de agua.

INVESTIGADO EL RESPONSABLE DE AGUAS

Como consecuencia de la denuncia de la Fiscalía por un presunto delito continuado de daños en bienes de dominio público, el Juzgado de Instrucción número tres resolvió investigar a Juan Carlos B.U., responsable de Aguas de la mina Cobre Las Cruces, y encargar un informe especial a un experto.

En dicho informe, recogido por Europa Press, este geólogo exponía que "los datos aportados en los informes por el hidrogeólogo residente (de la mina) son correctos en cuanto a que el exceso en el volumen extraído y no inyectado representa una sobreexplotación que se encuentra fuera de la concesión de aguas en vigor en el periodo de estudio".

En su informe, el geólogo perito judicial reconoce que "es cierto que la empresa ha comprado concesiones de agua por las cantidades que indica" para compensar el agua detraída, pero en paralelo avisa de que "toda compensación mediante compra de derechos de agua no autorizada por la Confederación no es de aplicación".

"Por la documentación aportada, durante el periodo 2010-2013 se produjo una sobreexplotación por encima de las cantidades que la empresa tenía autorizadas tanto en la concesión de aguas de la CHG, como en las condiciones limitantes de la autorización de impacto ambiental", resume en su informe este geólogo perito judicial.