La Audiencia Provincial de León ha ordenado reabrir la investigación sobre las causas que motivaron que una joven, trabajadora de la antigua caja España Duero, se suicidara en junio de 2016 y que su familia achacó a un presunto acoso laboral, acusando a su jefe directo y a un compañero de la fallecida.
En la reapertura del caso, revelada por el periódico leonés ileon.com, que ha tenido acceso al auto judicial, la Audiencia de León señala que es "evidente que no se ha agotado la investigación para determinar lo realmente ocurrido" y ordena practicar nuevas pruebas sobre las circunstancias de la muerte de Esther Sierra, ocurrida en 2016.
La Audiencia, según el citado diario, obliga a que se practiquen nuevas pruebas, ya que "parece que existen serias posibilidades de que los denunciados hayan podido infligir a Esther Sierra un trato degradante en el ámbito laboral, de modo que se ha podido seguir como resultado y en perfecta relación casual un menoscabo grave para su integridad moral".
Así, ordena realizar nuevas pruebas “totalmente pertinentes” para averiguar si los hechos imputados pueden constituir un presunto delito contra la integridad moral, penado con entre seis meses y dos años de prisión. Entre las pruebas, que determinarían o no la apertura de juicio, está un informe policial de análisis de autopsia psicológica y la petición del plan de riesgos laborales sobre acoso laboral de la entidad, en este caso Unicaja como entidad sucesora de España Duero.
En la denuncia presentada por la familia se acusaba a los dos trabajadores -los dos aún en plantilla en Unicaja- de haber realizado "acoso laboral prolongado" que la habría llevado a problemas psicológicos y de ansiedad que habrían tenido como fatal desenlace que se ocasionara su propia muerte. Según el diario, una testigo por parte de la acusación declaró que la actuación de los acusados era de maltrato hacia Sierra, mientras que varios trabajadores de la entidad y subalternos directos de uno de los acusados negaron los hechos imputados.
La entidad abrió en su momento una investigación, que coincidió con el ERE que supuso la salida de 850 trabajadores, y se cerró con la conclusión de que no se activó el protocolo de acoso al no haber denuncia ni de la víctima ni de los representantes sindicales.
Según relata el diario, fue la “polémica jueza Blanca Esther Díez” quien dictó el cierre de esta causa, dejando “una singular investigación que tardó más de un año y medio en iniciar las declaraciones, y sólo tras una queja formal de los denunciantes”. Relata ileon.com que la magistrada se ha trasladado este año a una plaza de Marbella y ha dejado en León “asuntos polémicos como la inconclusa investigación sobre una presunta corrupción personal de Isabel Carrasco, a la que nunca llamó a declarar en dos años de instrucción antes de su fallecimiento”, causa que ahora llevará su sustituta.
