El coronavirus ha transformado la muerte. Sin velatorios ni despedidas, gestionar la pérdida de un familiar se convierte en una pesadilla agravada por la saturación de los servicios funerarios: retrasos de dos o tres días en entierros e incineraciones en Madrid que en algunos casos superan la semana.

Más de una semana "sin certezas", con familias en vilo que denuncian falta de información sobre la ubicación de los restos -hasta 6 días para localizar a los suyos- o la ausencia de plazos claros.

DESINFORMACIÓN Y PERPLEJIDAD

Es la situación que vive Julia con su padre, Manuel Rodríguez Ureña, que el pasado 25 de marzo falleció a los 81 años en una residencia privada de Madrid con "posible COVID-19", según figura en su parte de defunción, pues sin el test no hay certeza.

Transcurrieron dos días antes de que la funeraria recogiese sus restos de la residencia y los trasladase al tanatorio de Móstoles. Y van ya diez sin noticias del entierro, pese a que incluso "la lápida ya está abierta".

Julia habla de "perplejidad". Entiende que en una situación de saturación y de emergencia existan retrasos, pero no la falta de información por parte de su funeraria, Albia, que no da ninguna "razón poderosa" para explicar qué ocurre y tampoco un horizonte temporal.

No comprende que "mantengan a las familias en este estado de desinformación absoluta, sin poder dar una fecha probable que nos permita hacer este paréntesis", cuenta. Cuando llaman tienen que contar una y otra vez su problemáticas y no hallan solución; lo último que le dicen es que falta un permiso de Sanidad.

El miedo de Julia, que mantiene su móvil libre de llamadas por si recibe noticias, es no conseguir enterrar a su padre. "Ni siquiera respetar este último deseo suyo que era ser enterrado en la tierra de su familia, ya que no le vamos a enterrar ni con flores, ni con abrazos", afirma.

Su caso no es único. Alicia Alvite, hija de Celestino Alvite Sánchez, ha vivido un desasosiego similar. Su padre, de 83 años, murió el 20 de marzo en el hospital del Sureste, en Arganda del Rey (Madrid), debido a una obstrucción intestinal.

En su empresa funeraria, Parcesa, le dijeron que incinerarían sus restos cuatro días después, pero Alicia pasó 11 días reclamando información, algunos sin lograr que le cogiesen el teléfono, antes de recibir un mensaje en el que un comercial le dijo -el 31 de marzo- que la incineración se había producido dos días después de la muerte.

Le pidieron "mil disculpas", cuenta en conversación con Efe, y decidió enviarles una reclamación, en la que relata la "angustia" de una situación "insostenible": "11 días sin tener noticias de dónde y cómo estaba mi padre".

Una incertidumbre que también sufrió la familia de Manuel Pérez, que tardó seis días en averiguar el paradero de este hombre de 75 años, fallecido por coronavirus y cuyo cadáver apareció en la morgue provisional del Palacio de Hielo después de que la historia apareciese en la prensa.

Desde Albia señalan que se han aumentado las plantillas y las flotas y se busca agilizar al máximo los trámites, pero que "a pesar de estos esfuerzos para minimizar el impacto sobre el servicio, la situación está condicionando las diferentes fases del proceso", mientras que Parcesa no respondido al requerimiento de información.

UN SECTOR SATURADO

Desde la patronal del sector, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, Panasef, admiten algunos de estos problemas, aunque hablan de retrasos de dos o tres días, igual que la funeraria municipal de Madrid.

Para que estas demoras no se extiendan, las empresas funerarias están llevando los cadáveres de los difuntos a otras provincias para su incineración.

Los 28 crematorios privados de la región solo tienen capacidad hacer 60 incineraciones cada día, una cifra similar a la de la Funeraria del Ayuntamiento de Madrid, que no supera las 70 cremaciones diarias en sus ocho hornos y negocia el traslado de los cuerpos a otros territorios.

Cada día mueren en la región de Madrid más de 300 personas únicamente con coronavirus. En una semana se gestionan las mismas muertes que el sector viviría en un mes.

Juan José López Vivas, vicepresidente de Panasef, explica a Efe que con las acciones tomadas consiguen no aumentar la demora, por lo que para estas empresas el mayor problema es no poder localizar a los difuntos.

Panasef achaca la situación a que no se ha contado con el sector al crear las morgues provisionales en Madrid, al contrario de lo que ha ocurrido en Barcelona.

A las dos morgues creadas en Madrid, a la que se unirá una tercera en Majadahonda, llegan los cuerpos de los muertos en los hospitales, trasladados por la Unidad Militar de Emergencia. Sin embargo, las funerarias no siempre saben a cuál de estos centros se ha llevado al difunto.

"Estamos sujetos a las normas que han implantado, que entendemos que no son las más adecuadas (...) no hay un orden en los depósitos", explica López Vivas. Por eso, Panasef quiere ser parte del órgano que organiza las recogidas.

Y es que "el 'no sabemos donde se encuentra crea la alarma", señala el vicepresidente de Panasef, que matiza que en la mayoría de los casos los cuerpos se localizan con rapidez.

MADRID DESCARTA INTERVENIR LOS TANATORIOS Y LLEVA LOS PERMISOS AL DÍA

El sector funerario vive estos días "situaciones muy tensas" y en algunos casos ha tenido que adoptar soluciones especialmente duras para almacenar los cuerpos.

Es el caso del tanatorio de Móstoles, propiedad del Ayuntamiento pero que explota en régimen de concesión Albia y donde se han tenido que contratar cinco camiones frigoríficos para albergar los cuerpos, según confirman a Efe desde el consistorio mostoleño.

Desde la Comunidad de Madrid explican que ante las dificultades detectadas en las empresas funerarias, se "ha priorizado las actuaciones de las retiradas de hospitales y residencias" y ha buscado "depósitos intermedios" con la prioridad de que allí "no haya fallecidos acumulados".

"En los tanatorios de momento no se va a intervenir", señalan las mismas fuentes, que aseguran que la unidad de sanidad mortuoria "lleva las autorizaciones al día" y por ejemplo este viernes se encargaba de las recibidas el propio viernes.

La Consejería de Sanidad debe dar permisos cuando han transcurrido más de 48 horas desde la muerte y si los restos se trasladan a otras provincias. "Todo está al corriente siempre y cuando las empresas de servicios funerarios hayan cursado los trámites", subrayan.

En el Registro Civil se ha evitado el atasco dando prioridad a las actas de enterramiento.

DENUNCIA DE PRECIOS

A estas denuncias se unen las de los precios, pues algunas familias explican que se han cobrado servicios que no se prestan, como el de los velatorios, prohibidos en todo el estado desde el pasado 30 de marzo.

La factura por la muerte de un familiar en Madrid puede suponer cera de 4.000 euros. Lo sabe Carlos que tuvo que firmar los papeles para gestionar la muerte de su padre de madrugada y que critica los 305 euros cobrados por una bolsa estanca por parte de la funeraria municipal. A su juicio las familias no deberían acarrear los costes provocados por el retraso en la cremación de los restos.

Desde la patronal del sector aseguran que las empresas serias no están modificando ni inflando los precios. Para comprobarlo el Estado y las comunidades autónomas han pedido las tarifas, que son comunicadas anualmente.

La Comunidad de Madrid ha enviado una circular a las funerarias en las que recuerda que no se pueden cobrar incrementos y que es necesario devolver los servicios que no se prestan.