“Necesitamos que se abra una investigación con un criterio unificado en todas las fiscalías”, ha asegurado el abogado de la asociación Enrique Vila Torres, quien ha entregado hoy en la sede de la fiscalía general documentación sobre 261 casos de afectados de todas las Comunidades Autónomas, muchos de ellos
andaluces.
Junto al escrito en el que demandan la actuación del fiscal, la asociación ha entregado partidas de nacimiento falsificadas, pruebas de ADN de algunos afectados, declaraciones de padres que compraron a sus hijos y
testimonios de enfermeras o enterradores que narran las irregularidades denunciadas.
“Entiendo que existía una red organizada que tenía capacidad económica, entre los captadores, los intermediarios de padres y las clínicas donde se facilitaban esos niños; evidentemente existía interconexión porque nunca los hijos robados acaban inscritos en las mismas ciudades en los que se robaban o nunca los padres eran de las misma ciudad donde se compraban”, ha indicado el letrado.
Entre otros delitos, considera que se podrían haber cometido, dependiendo de la época en que habrían ocurrido los hechos, suposición de parto y trafico de niños –coger el niño a una mujer para dárselo a otra para que lo inscriba como propio–, falsedad en documento público –falsificaciones de los registros civiles– coacciones y engaño a las madres biológicas.
Según el abogado, habría “un primer periodo, los años 40, cuando se cogieron niños de mujeres republicanas que estaban encarceladas, y otro, en la década de los 50, que se convierte en una trama mafiosa con una finalidad económica, en la que participan personas de izquierdas y de derechas y que dura hasta bien entrados los años 90”.
Los afectados han reclamado al Gobierno la creación de un banco de ADN para poder cruzar los datos de los denunciantes, ya que la organización calcula que podrían haber 300.000 “niños robados” en España.
