El coordinador de Hacienda Carlos Rubio ha insistido en la rocambolesca maniobra política que convierte un problema interno del Ayuntamiento, en una complicación para el Gobierno Andaluz. El responsable de las finanzas locales ha reiterado su ultimátum. El ERE, aunque evita utilizar este término, prefiere hablar de "medidas que afectarán a la plantilla", está supeditado a que la Junta acepte cobrar los 92 millones que le deben por el anticipo reintegrable de 100, entregado en 2006, en 40 años, al uno por ciento. Ahora, dice, “queda una oportunidad. Quiero apurar hasta la última oportunidad porque entendemos que es lo mejor para el Ayuntamiento, lo mejor para la ciudad y es lo mejor para la paz social entre los trabajadores y también para su bienestar y su tranquilidad".
Esa "oportunidad", como la define Rubio, pasa por los días 19 y 20, en que tienen lugar las sesiones del Parlamento Andaluz para la aprobación del presupuesto de la Junta de Andalucía. El PP ha presentado una enimienda , según el coordinador, "cabe la posibilidad de que esta enmienda se tramite separadamente. En ese momento PSOE e IU tiene la oportunidad de rectificar y colaborar de verdad con la gestión de este Ayuntamiento”.
La situación es tensa en el Ayuntamiento. Durante toda la mañana, los representantes de los trabajadores, integhrados en oales, Junta de Personal y Comité de Empresa, han pasado por el Palacio de Ferias y Congresos, donde la empresa encargada de elaborar un informe sobre la situación de la plantilla, sobre en el que se basarían las medidas futuras, les ha ido explicando cómo va ese proceso, aunque no ofrecerá conclusiones hasta 2013. Durante la tarde y la noche, se sucedieron las reuniones en los sindicatos y de momento no ha trascendido que vayan a tomar medidas.
Angeles Muñoz, tras una ausencia de casi dos semanas, presumiblemente para atender asuntos personales, ha regresado este mediodía a la escena pública, y en un acto público que nada tenía que ver con este asunto, y a preguntas de los periodistas, ha avalado los argumentos de su coordinador. "Creo que no hay que hablar de un ERE como tal. Hay que hablar de ajustes. Saben que hay un informe del interventor que avisa que hay que ajustar el presupuesto en cerca de 18 millones de euros".
Ante esta circunstancia, dice, "hay dos posibilidades. Tenemos un acuerdo con Seguridad Social y Hacienda que permite asumir el pago", pero con la Junta "si no hay acuerdo para ampliar el plazo de devolución, es imposible que podamos pagar 15 millones de euros como se tiene que pagar para el próximo ejercicio y además mantener los capítulos, incluso con el ahorro que se ha hecho hasta ahora”.
