La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a penas que suman tres años y seis meses de cárcel por delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones por más de 175.000 euros y falsedad en documento público a la exalcaldesa del municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo Luisa Ruiz, cuando estuvo al frente del Ayuntamiento en su etapa socialista, dado que posteriormente lideró el partido independiente Unión Demócrata Peñarriblense (UDPñ).
En todos los delitos con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y la agravante de prevalecerse del carácter público en el delito de fraude de subvenciones.
LA SENTENCIA
La Audiencia condena a Luisa Ruiz como autora de un delito continuado de prevaricación administrativa a tres años y seis meses de inhabilitación especial para el cargo público de alcaldesa; un delito de fraude de subvenciones a seis meses de prisión y multa del 50% del tanto (87.974,46 euros), con diez días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
Asimismo es condenada por un delito de falsedad en documento emitido por funcionario público a un año y seis meses de prisión, multa de tres meses a razón de diez euros de cuota diaria, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no pagadas, y un año de inhabilitación especial para el cargo público de alcaldesa.
En cuanto a la responsabilidad civil, condenan a Luisa Ruiz a indemnizar al Instituto para la Transición Justa (antes Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras) por la cantidad de 153.235 euros por las cantidades entregadas al Ayuntamiento por este Instituto y no dirigidas al objeto de la subvención relacionada con los trabajos de la Unidad de Actuación IX y en la cantidad de 22.713,92 euros por las cantidades entregadas al Consistorio por el Instituto y no dirigidas al objeto de la subvención relacionada con los trabajos del polígono Vega Currillo, debiendo responder con carácter subsidiario el Ayuntamiento.
Además, se acuerda deducir testimonio de la presente sentencia, de lo declarado sumarialmente y de lo declarado en el acto del juicio, por si una testigo pudiera haber incurrido en falso testimonio por sus declaraciones vertidas en la vista oral. Contra la sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).
LOS HECHOS
En concreto, se da por probado que en diciembre de 2007 se firmó un convenio entre el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) y el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo para la redacción de dos proyectos de urbanización y otras asistencias técnicas en el municipio.
El Ayuntamiento presentó como realizados gastos correspondientes a la redacción de proyectos que "no estaban justificados en su totalidad". Habiéndose abonado por el IRMC el total de la subvención (755.583,35 euros), "no constando el destino dado a algunas de las cantidades recibidas del IRMC que no fueron dirigidas a sufragar los gastos de estos proyectos".
DOTACIÓN DE SERVICIOS
Por otra parte, el 28 de diciembre de 2007 se firmó un convenio de colaboración entre el IRMC, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para la ejecución del proyecto de dotación de servicios urbanísticos en el nuevo polígono industrial de Vega Currillo, siendo el objeto de la misma el abastecimiento de agua, la ejecución de una estación depuradora, suministro de telefonía y telecomunicaciones y de energía eléctrica por 1.899.500 euros.
La empresa que dirigía la obra emitió una memoria en la que constaba que la valoración de actuaciones ascendía a 1.835.583,24 euros. La acusada, dado que los costes no alcanzaban el total de subvención (1.835.651,28 euros), "movida por lograr el cobro de la totalidad (1.899.500 euros), aprovechándose del control que ostentaba sobre la empresa Pivag, confeccionó una factura por 63.848,73 euros en concepto de 'estudios topográficos y geotécnicos y de gestión', la cual no se correspondía a trabajos reales, siendo la única finalidad el cobro total de la subvención, incluyéndose en la factura 2.081,12 euros por unos indeterminados e injustificados 'gastos generales', introducidos arbitrariamente por la regidora".
