El Juzgado de Primera Instancia número Tres de Cádiz ha dictado sentencia desestimando íntegramente la demanda judicial que el pasado mes de marzo interpuso Macarena Ricardi Borrego en la que solicitaba que su padre, Rafael Ricardi, fuera declarado incapaz judicialmente y conforme a ello que se le designase tutora de su padre.
Ricardi, vecino de El Puerto de Santa María (Cádiz), permaneció casi trece años encarcelado acusado de un delito de violación que no había cometido y cobró un millón de euros de indemnización tras una sentencia dictada por la Audiencia Nacional.
Ahora, según detallan en un comunicado los abogados de Ricardi, la sentencia declara que Rafael Ricardi no padece ninguna enfermedad psíquica o física que le incapacite y asegura, además, que no tiene mermada sus facultades para autogobernarse y, por tanto, goza "de plena capacidad para disponer sobre su persona y patrimonio".
Así, condena expresamente a su hija a pagar las costas generadas en este procedimiento.
Los abogados de Ricardi señalan que la decisión del Juzgado ha estado fundada en los dos informes médicos forenses efectuados por uns psicóloga adscrita al Instituto de Medicina Legal forense y por la propia médica forense adscrita al Juzgado que, tras la portuna valoración de Rafael Ricardi, ha valorado "la plena capacidad de Rafael".
La referida sentencia, que aún no es firme, deja sin efecto la medida cautelar que en su día tomó el juzgado limitando a Ricardo el uso de su patrimonio.
Los letrados que vienen asesorando legalmente a Rafael Ricardi durante todos estos años han querido felicitarlo "por la dignidad e integridad que ha vuelto a mostrar durante todos estos meses, en los que ha tenido que padecer comentarios públicos e injuriosos sobre su persona y sobre algunos de sus seres queridos y sobre determinados asuntos privados que pertenecen a su esfera personal más íntima".
En este sentido, tanto Rafael como sus abogados dicen esperar que quiénes públicamente "no han tenido reparo en socavar su dignidad ahora rectifiquen".
Cabe recordar que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional elevaba el pasado mes de febrero la indemnización a Ricardi de 555.000 euros a un millón de euros.
