El curso 2013/2014 ha arrancado sin incidencias importantes para más de 22.000 alumnos en las aulas jerezanas pero, un año más, no ha estado exento denuncias de sus padres en forma de recursos de alzada ante la Junta al no estar de acuerdo con el colegio asignado a su hijo y detectar presuntas irregularidades. Un clásico que cada vez es más común en los centros públicos y que hace cuatro años venía siendo casi exclusivo de los concertados. Ahora, sin embargo, las denuncias de fraudes de domicilios están afectando también “sorprendentemente” a los primeros, de nuevo por cambios de zonificación, lo que ha repercutido en la puntuación recibida para optar a la primera opción de la solicitud. El abogado Manuel Luis Fernández es especialista en este tipo de casos y asegura que aunque no se llega a los niveles de 2009, de nuevo “se han dado bastantes denuncias”.
En este curso, además, ha detectado que se han dado unas circunstancias especiales en relación a las diligencias practicadas por la Policía Local que han motivado más quejas de lo habitual por parte de los padres denunciantes de un fraude de domicilio.
El protocolo establece que cuando se denuncia un caso de posible estafa de domilicio para beneficiarse de la máxima puntuación otorgada por zona, la Junta insta al Ayuntamiento pertinente -en este caso el de Jerez- a que los efectivos del 092 realicen las oportunas averiguaciones sobre si es cierto que una familia vive y está empadronada en el domicilio que alega para luego emitir un pertinente informe que los padres incorporarán al recurso de alzada presentado ante la Administración andaluza.
Hasta aquí todo bien. El problema, como apunta este letrado, ha sido que este año, los técnicos de la Delegación provincial de Educación “no haya considerado” muchos de estos informes realizados al ser “escuetos, carecer de motivación, porque exclusivamente se limitan a decir que el niño vive o no en la casa”. En consecuencia, estos hechos han provocado que en la resolución a los recursos de alzada no se hayan modificado la puntuación en tantos menores como otros años. “Con estos informes, lo que se trata de determinar no es si el menor vive o no en la casa que señalan los padres, sino si es su residencia habitual. Es un matiz diferenciador bastante importante. Estas actuaciones implican una labor exhaustiva y unas averiguaciones y no se están haciendo de una forma correcta, derivando en informes muy pobres”, señala.
“es un tema muy serio”
De hecho, asegura que anteriormente esta labor corría a cargo de un grupo de agentes con experiencia en este tipo de actuaciones, pero por circunstancias que se desconocen, añade, esta función ha pasado a asignarse a otros efectivos “con menos experiencia”, lo que ha motivado que en algunos casos el Ayuntamiento se haya visto obligado a rectificar dichos informes tras las reclamaciones de familias afectadas. “A lo mejor no es la culpa de la Policía sino los superiores porque estos agentes anteriores eran los que estaban acostumbrados a este tipo de asuntos. El caso es que no se ha hecho correctamente la cosa y eso está redundando en que no se haya modificado la puntuación en tantos menores como otros años”, añade el letrado. Por ello, ha confiado en que de cara al curso próximo sino la Policía Local, la Junta de Andalucía “corrija esta situación” al tratarse de “un tema muy serio que afecta a mucha gente”. Y es que estos supuestos han influido negativamente para más de una familia, llegando a dejar a niños en el número 1 de la lista de espera del centro elegido por zona por no haber podido acreditar los fraudes detectados en virtud de estas diligencias policiales.
La propia alcaldesa, María José García-Pelayo, en la inauguración del curso escolar, aunque sin tocar este asunto, sí denunció expresamente los problemas de escolarización detectados este curso. “En abril aún había 230 niños sin centro”, dijo, tras añadir que tenía constancia de muchos casos de niños cuyo colegio está a 15 kilómetros de su casa, por haberse quedado sin opciones en los de su entorno. Fue su “especial” bienvenida a la delegada provincial de Educación, Cristina Saucedo, que, en contraste con estas palabras, hizo un balance positivo del comienzo de las clases, obviando las cuestiones resaltadas por Pelayo.
Los “vergonzosos” fraudes en la renta
Aunque los fraudes en los domicilios siguen siendo los más numerosos, de un tiempo para atrás el relacionado con la renta está creando una “bolsa” cada vez más gigante, como indica este letrado, que considera “vergonzoso” lo que está ocurriendo en este tema. La renta la administración no la quiere tocar porque ellos se remiten a la información que les da Hacienda, pero las rentas son sangrantes, porque basta con hacer averiguaciones para comprobar que esa gente que obtiene puntos al disimular sus datos de ingresos tienen un patrimonio, viven en zonas de bien con varios coches a su nombre. Por ello, tiene claro que si la Administración no puede controlar este criterio, debería eliminarlo.
