El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, asegura que el hotel El Algarrobico, en Carboneras (Almería), no se hubiese construido si el expediente urbanístico hubiera pasado por este órgano, y ha calificado el caso de "situación desgraciada que hay que reparar".
Partidario de demoler la edificación por su ubicación en el Parque Natural del Cabo de Gata y su proximidad a la línea de costa, Cano Bueso ha expuesto en una entrevista con Efe que el caso "no hubiese sucedido" si ese expediente urbanístico hubiera pasado por el Consejo Consultivo de Andalucía.
"Habríamos sido implacables como lo somos en materia urbanística. La revisiones de los planeamientos urbanísticos tienen que pasar por el Consultivo y se paran si no hay informe favorable. No lo hubiésemos pasado, no habría prosperado", ha explicado
A la pregunta de por qué el Consejo Consultivo no actuó, Cano Bueso ha explicado que "no hicimos nada porque el expediente no nos fue remitido y no podemos actuar de oficio".
Ha agregado que el Ayuntamiento de Carboneras es la "autoridad como gestora de la licencia urbanística" y que "era también la que tenía la obligación, por eso -ha recordado- el acto es nulo en términos administrativos".
"Supongo que el Gobierno andaluz sabía que se estaba construyendo, pero imagino que las decisiones municipales son las que han primado. Cuando se quiso reaccionar era tarde", ha lamentado.
Todo este conjunto de acciones e inacciones han provocado -según Cano Bueso- que se haya llegado a una "situación desgraciada que haya que reparar".
"En este tipo de casos hay que ser implacables. Las conductas ejemplarizantes deben ser así para las edificaciones prohibidas en parques naturales o en la línea marítima terrestre", ha esgrimido.
Catedrático de Derecho Constitucional y abogado, el presidente del Consultivo se ha referido también a la "maraña" en la que se ha convertido el expediente judicial del hotel El Algarrobico, una situación que -a su juicio- está ocasionando "confusión" en los ámbitos administrativo y judicial.
"Hay dos sentencias aparentemente contradictorias que requieren una unificación por parte del Tribunal Supremo. Es un expediente demoniaco que requiere clarificar si estamos ante un terreno urbanizable o no", ha estimado.
